El auto judicial de la denuncia de Remolcadores y Barcazas de las Palmas (Rebapa), empresa propiedad del naviero valenciano Vicente Boluda, contra la concesión del servicio de remolcadores del puerto de Las Palmas a Odiel Towage, la filial española de la firma alemana Fairplay, recoge una acusación de suplantación de identidad del exdirector, Salvador Capella. El texto refleja que Capella, que fue director del organismo hasta principios de este año, “solicitó a Puertos del Estado un informe acerca de la regulación aplicable a la solicitud de licencia de Fairplay, que tramitó en 2017 en su condición de presidente de la Autoridad Portuaria”, cuando nunca ha ejercido ese cargo.
Capella dejó su cargo de director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas a finales de enero, cuando fue sustituido por Fran Trujillo. Pese a eso, el exdirector seguirá vinculado a la entidad hasta el año 2021, momento en el que se prejubilará, gestionando las obras de construcción de infraestructuras en los puertos de Arrecife, Puerto del Rosario y Puerto de la Luz, proyectos que recibirán fondos europeos hasta finales del año 2023.
La denuncia, admitida a trámite por el juez Alberto Puebla, incluye como querellados, además de Capella, al administrador único de Odiel, Walter Martín, y a cinco directivos portuarios: tres de Puertos del Estado -quien fuera su presidente hasta julio de 2018, José Llorca; su director de explotación desde esa fecha, Leandro Melgar; y el jefe de la Asesoría Jurídica, José Antonio Morillo-Velarde- y otros dos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas: la jefa de la Asesoría Jurídica, María Bosch, y quién estaba al cargo del Área de Explotación, Rosario Saa.
Acusación de tres delitos
Repaba, la empresa denunciante, expresa en el auto que los querellantes cometieron supuestamente delitos de malversación, prevaricación administrativa e infidelidad en la custodia de documentos por funcionario.
De hecho, tal como ya avanzó NAUCHERglobal, fuentes de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) revelaron que Puertos del Estado recibió y obvió un informe de oposición a la entrada de otra compañía de remolcadores en el puerto de Las Palmas, elaborado por la propia DGMM. Así, las mismas fuentes consideran que “para facilitar la competencia en algunos servicios portuarios, se ha maniobrado o manipulado la tramitación de unos expedientes administrativos”.
En la querella, se detalla que “el presidente de Puertos del Estado retiene el expediente durante más de un año para ralentizar la tramitación y se hace una interpretación de su contenido, que lo desnaturaliza y se inventa algo que no dice el informe”.
Oferta anterior al pliego de condiciones
En su momento, el director general de la Asociación Nacional de Remolcadores de España (Anare), Ángel Luís Mato, admitió que “la oferta de Odiel Towage no cumplía la normativa para ejercer el servicio de remolque en determinados aspectos de seguridad”. Así, explicó que la empresa solicitó la licencia sin tener los medios necesarios para ejercer el servicio. Por este motivo, añadió que “Boluda ha tenido un trato discriminatorio por parte de Puertos del Estado”.
Ángel Mato señaló que el servicio se adjudicó a Fairplay antes de que saliera el pliego de condiciones, publicado en el BOE del pasado 29 de mayo. En este caso, el documento ofrece un periodo de adaptación a las nuevas condiciones, ya que según precisó el director general de Anare, “para dar el mismo servicio a empresas como Remolcadores y Barcazas de Las Palmas se le exigía una flota de 11 barcos, mientras que a otras como Fairplay tan solo tres o cuatro”.
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