Vila, que ha estado acompañado por el alcalde de Palamós, Lluís Puig, y la alcaldesa de Roses, Montse Mindan, destacó el carácter dinamizador del sistema portuario catalán no sólo en cuanto a la actividad económica sino también en el ámbito social. En este sentido, dijo que la nueva Ley de Puertos que se está actualmente tramitando «debe configurar los puertos como verdadero motor económico, clave para el futuro del país».
Así, la actividad generada por estos 45 puertos (todos los del litoral catalán excepto los de Barcelona y Tarragona, que son puertos de interés general) en sectores como la pesca, la acuicultura, náutica, restauración, industrial (astilleros y varaderos), comercial, turístico y servicios equivale al 0,5% del PIB catalán y el 0,4% de la ocupación de la Comunidad Autónoma. Y se sitúan, de este modo, entre las principales 60 empresas del país.
El estudio también analiza el impacto económico de cada euro que genera la actividad de los puertos, que se traduce en 2 euros en el conjunto de la economía; y por cada persona empleada directa, se generan 1,7 puestos de trabajo nuevos.
En cuanto a la relación entre el impacto económico de los sectores de actividad pública y los sectores de actividad privada destaca que 1 euro del sector público en gestiones e inversiones portuarias revierte en 24,5 euros de negocios privados. De la misma manera que un puesto de trabajo del sector público dinamiza 23 puestos de trabajo en sectores socioeconómicos privados.
Tal y como destacó Vila, los puertos juegan también un papel relevante en el ámbito social y permiten el desarrollo de una serie de actividades formativas, deportivas culturales y cívicas. Según datos de 2014, el número de visitantes a las instalaciones portuarias catalanas asociados a este papel de dinamización social superó el millón de personas.
Una nueva Ley de Puertos
Para reforzar este doble papel de motor económico y social del territorio, el departamento de Territorio y Sostenibilidad está elaborando una nueva Ley de Puertos, que está actualmente ya en la fase final que se pueda remitir al Parlamento catalán antes de que termine la legislatura. Uno de los objetivos estratégicos de la nueva Ley es fomentar que los puertos catalanes, tanto los que gestiona la Generalitat como los que se explotan en régimen de concesión, se configuren como un verdadero motor económico. Por este motivo, la nueva Ley introducirá cambios para garantizar un sistema concesional más flexible e incentivador de las inversiones y también la fijación de un régimen de usos del dominio portuario más amplio que el actual y más atractivo para la generación de actividad económica, entre otras medidas.
El consejero Vila afirmó que la nueva Ley se adaptará a la realidad socioeconómica y tendrá en cuenta las infraestructuras y la gestión de los servicios, tanto desde el ámbito privado como público.
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