El 28 de marzo pasado publicó Vozpopuli y NAUCHERglobal un artículo, “Utilizar el modelo de investigación de accidentes para aprender de la crisis actual”, que sugería la necesidad, o al menos la conveniencia, de implantar algo similar a un organismo de investigación de accidentes para estudiar los hechos y las causas de las crisis y emergencias políticas. Diferente a la investigación jurisdiccional, pues ésta tiene la misión de aplicar el código penal, no de mejorar aquello que ha causado la emergencia o contribuido a agravarla. Lógicamente, ambas plataformas informativas eran conscientes de la dificultad, hoy insuperable, de que un organismo similar fuera creado por el Gobierno o por las Cortes; y por supuesto, de la imposibilidad de que a un Gobierno o Parlamento autonómico se le ocurriera proponer una idea similar.
Para mi sorpresa (relativa), ayer martes, 16 de junio, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, propuso crear una comisión de análisis de los fallos cometidos en la gestión de la crisis causada por el Covid-19. Es evidente que Pedro Sánchez no lee NAUCHERglobal ni Vozpopuli. Se limita, como tantas personas con mando y sin tiempo, a ojear los extractos, resúmenes y breviarios que le pasan sus colaboradores. De haber leído el artículo sabría que la comisión investigadora que ha propuesto, formada por diputados y senadores, no servirá de nada. Será un esfuerzo inútil que recreará las discusiones y la parálisis que reina en las Cortes, donde los políticos, salvo algunas excepciones notables, se limitan a justificarse, loarse y violentar los hechos reales, falseándolos o ignorándolos, para que encajen en su discurso. ¿Analizar con rigor la respuesta a las advertencias recibidas sobre la gravedad de la pandemia? ¿Cuestionar las decisiones tomadas, las omisiones flagrantes o las contrataciones por vía de urgencia, algunas de dudosa legalidad y escasa eficacia? ¿Aprender, en definitiva, de los errores cometidos, de los fallos encontrados, y proponer las mejoras correspondientes? Todo eso, ni se plantea.
El código OMI de investigación de siniestros constituye una buena referencia
Lo que ha propuesto el presidente del Gobierno no deja de ser un brindis al sol, pues como todo el mundo sabe, la primera cualidad que ha de tener un organismo investigador, si quiere ser útil, es la independencia. Nadie puede ser juez y parte, pues entonces matamos la justicia y alimentamos la impunidad y la podredumbre. Durante muchos años mantuvimos en España una comisión de investigación de siniestros marítimos formada por funcionarios adscritos al órgano directivo responsable de la gestión de la marina mercante. Digamos, una ficción administrativa, un autoengaño. Los informes de la tal comisión no se hacían públicos, y se negaba su conocimiento cuando preguntabas por ellos. Cuando pude leerlos comprendí a qué obedecía semejante celo: además de inútiles, eran vergonzosos, mal escritos, redactados sin apenas investigación digna de tal nombre, y por supuesto nunca hallaron nada que comprometiera el buen hacer de los funcionarios que servían en el órgano directivo del que dependían los sedicentes investigadores. En definitiva, un trabajo inservible para el objetivo de un organismo investigador: hallar los errores de todo tipo que han contribuido a causar el siniestro, o no han impedido los daños y perjuicios cuando era posible hacerlo; y proponer los cambios necesarios.
No repitamos errores. Resulta imprescindible revisar con rigor lo que ha sucedido en España en los últimos cuatro meses. Para ello, el Gobierno debe nombrar una comisión de técnicos con autoridad profesional, independientes de los partidos políticos, capaces y con plenas facultades para indagar, interrogar y analizar la documentación y las personas que han intervenido en la gestión de la crisis. Y que, sin culpabilizar a nadie, tarea atribuida en exclusiva a los tribunales de la Administración de Justicia, redacte unas recomendaciones con las reformas necesarias para mejorar nuestro sistema político. Nada más y nada menos.
