La comunidad maorí de Motiti exige al Gobierno neozelandés que priorice las estrictas leyes domésticas ante las aseguradoras del buque, que insisten que la retirada del pecio podría dañar aun más el arrecife.
El tribunal analizará esta semana la actuación de las autoridades y los pasos adoptados desde el hundimiento del RENA, así como la violación del Tratado de Waitangi, que reconoce a los maoríes como dueños históricos de las tierras.
El Estado, la armadora del portacontenedores, Daina Shipping, y las aseguradoras acordaron en 2012 que la naviera pagase 9,1 millones de dólares (6,7 millones de euros), para costear la limpieza de las aguas, dejando el pecio en el arrecife. Las comunidades maoríes no fueron entonces consultadas.
Un representante maorí, Buddy Mikaere, declaró ante el tribunal de Waitangi que ese acuerdo supone una «clara violación» del tratado de Waitangi, extremo que el Estado neozelandés niega, según informa el diario «New Zealand Herald».
El Rena encalló en el arrecife, a unos 12 kilómetros de la ciudad portuaria de Tauranga, en la Isla Norte, y vertió unas 350 toneladas de combustible, cuya marea negra llegó hasta las costas neozelandesas y causó la muerte de unas 2.000 aves (ver noticia relacionada).
El capitán del barco y el primer oficial del carguero fueron condenados en mayo de 2012 a siete meses de cárcel, mientras que otra instancia impuso una cuantiosa multa a la empresa naviera.
El RENA, según la justicia neozelandesa, incumplió las buernas prácticas marineras al no evitar el arrecife Astrolabe cuando apareció en sus radares. Además, el capitán falseó el diario de navegación para ocultar las negligencias cometidas.
