Según un comunicado, el acuerdo “supuestamente” supone la creación de nuevas oportunidades de mercado, el crecimiento económico y un aumento en la creación de empleo mediante la apertura del comercio y la eliminación de los aranceles a través del Atlántico.
Sin embargo, para IDC, “las consecuencias para los trabajadores y otros sectores económicos pueden tener consecuencias devastadoras: así, los beneficiarios de estos acuerdos son las grandes corporaciones y no los ciudadanos”.
Para el Consejo Internacional de Estibadores, el acuerdo de libre comercio (como también existen otros similares entre EUA y la UE) incluye disposiciones que darán a las empresas el derecho a impugnar las leyes de los países a través de la introducción de un sistema de justicia internacional paralela. Esto ocurriría en el caso que las nuevas regulaciones afecten sus beneficios, o si creen que han sufrido pérdidas debido a las leyes o a las medidas de la UE en conjunto o de sus Estados miembros a nivel particular, lo que socava claramente –según los estibadores- el estado de derecho.
En este sentido, las grandes corporaciones y grupos de presión serán parte de la negociación sobre el acuerdo de libre comercio como ya se ha mostrado con algún encuentro realizado con miembros de la Unión Europea y con la propia Comisión, aunque las negociaciones se hayan llevado a cabo en secreto. Para IDC, los derechos laborales disminuirán claramente, así como también lo hará la competencia; además, las liberalizaciones y privatizaciones irán, seguramente, en aumento.
Jordi Aragunde, coordinador general de IDC ha señalado que «este acuerdo es claramente una amenaza para la mano de obra, y tendrá un impacto muy negativo en los trabajadores portuarios y en la mano de obra en general. También tendrá un impacto en las leyes democráticas europeas, favoreciendo los derechos de las corporaciones y abriendo el comercio nacional a las compañías extranjeras».
