Hace pocos días, el Consejo, el Europarlamento y la Comisión Europea acordaron una posición común sobre la propuesta de Directiva para el despliegue de una infraestructura de suministro de combustibles alternativos, que incluye el suministro a los buques de Gas Natural Licuado (GNL). Aunque está prevista una reunión adicional, el 19 de marzo, todo indica que en la misma se tratarán solamente algunos flecos pendientes, como por ejemplo la conexión a la red de electricidad en tierra, pero que el tratamiento de las infraestructuras de suministro de GNL está zanjado.
El acuerdo alcanzado establece el año 2025 como la fecha límite para que el suministro de GNL sea posible en un número “suficiente” de puertos de la Red Transeuropea Principal (TEN-T Core Network). No obstante, cabe recordar que la propuesta de la Comisión era que en 2020 existieran puntos de suministro de GNL en todos los puertos de la Red Principal. Es decir, Europarlamento y Consejo retrasan la fecha de implantación cinco años, respecto de la propuesta de la Comisión y, además, no establecen un objetivo concreto, sino que cada Estado podrá determinar qué considera como número “suficiente” de puertos.
Desde Anave creen que este principio de acuerdo «es una muy mala noticia». Para la asociación «hay que recordar que los buques deberán comenzar, ya el 1 de enero de 2015 en las zonas de control de emisiones (ECAs) y el 1 de enero de 2020 en toda la UE, a utilizar combustibles con bajo contenido de azufre (0,1% en el caso de las ECAs y 0,5% en el resto) que resultan alrededor de un 55% más caros que el Fuel Oil».
Reseñar que el uso de GNL como combustible es una alternativa muy atractiva a largo plazo y que va ganando adeptos entre las empresas navieras. No sólo reduce las emisiones de óxidos de azufre y partículas prácticamente a cero sino también las de óxidos de nitrógeno (un 85%) y las de CO2 (un 25%). Sin embargo, para Anave, «será muy difícil que la mayoría de las navieras inviertan en motores de tecnología dual, propulsados por GNL, si no tienen la certeza de que van a poder adquirir ese combustible en un número razonable de puertos». Y se cuestionan sobre cómo van a poder amortizar su inversión.
Para la patronal de los armadores españoles, al dar a los puertos diez años más que a los buques para adaptarse a las reglas del Anexo VI del convenio Marpol, el Europarlamento y el Consejo «están limitando muy seriamente el desarrollo e implantación generalizada de un combustible que presenta múltiples ventajas desde el punto de vista medio ambiental y limitando drásticamente las posibilidades de actuación de las navieras de cara a la entrada en vigor, dentro de ya sólo nueve meses», del nuevo límite en el contenido de azufre de los combustibles marinos en las ECAs.
