Los agentes de aduanas del Campo de Gibraltar han expresado su preocupación por las consecuencias que, a su juicio, tendrá la aplicación de las nuevas medidas derivadas del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. El colectivo advierte de que el nuevo régimen de garantías aduaneras asociado a los procedimientos de tránsito podría provocar graves tensiones financieras en el sector y poner en riesgo la actividad de numerosas agencias aduaneras de la comarca.
Según denuncian los representantes aduaneros, la implantación de los regímenes de tránsito T1GI y T2GI a través del Nuevo Sistema de Tránsito Automatizado (NCTS) obliga a constituir importantes garantías económicas para cubrir eventuales deudas aduaneras y fiscales derivadas de las operaciones comerciales con Gibraltar. Una exigencia que, aseguran, traslada a los operadores aduaneros riesgos financieros que consideran ajenos a su función como representantes técnicos de empresas importadoras y exportadoras.
La preocupación del sector se ve incrementada por el fuerte desequilibrio comercial existente entre la Unión Europea y Gibraltar. Las exportaciones terrestres comunitarias hacia el Peñón superan los 1.500 millones de euros anuales, mientras que las importaciones desde Gibraltar son muy reducidas. Esta circunstancia provoca que las nuevas obligaciones recaigan casi exclusivamente sobre las agencias aduaneras españolas, especialmente las pequeñas y medianas empresas radicadas en Algeciras y La Línea de la Concepción.
Un volumen inasumible
Los profesionales del sector estiman que el volumen total de avales y garantías exigidos podría superar los 400 millones de euros, una cifra que consideran inasumible para buena parte de las compañías afectadas. En este sentido, recuerdan que las agencias aduaneras no son entidades financieras ni aseguradoras, sino empresas especializadas en la gestión de trámites y formalidades aduaneras.
Además del impacto económico, los operadores advierten de que el nuevo sistema podría ralentizar los flujos comerciales. A su juicio, procedimientos que hasta ahora funcionaban de forma ágil serán sustituidos por una operativa más compleja y burocrática, con el consiguiente aumento de los tiempos de gestión y del riesgo de incidencias en frontera. El colectivo sostiene que la obligación de aportar las garantías debería recaer en los propietarios o importadores de las mercancías y no en los representantes aduaneros que actúan por cuenta de terceros. Consideran que la interpretación actual desplaza de manera desproporcionada las responsabilidades hacia quienes desempeñan únicamente funciones de intermediación.
Ante esta situación, los agentes de aduanas reclaman la adopción urgente de medidas correctoras. Alertan de que, si no se modifica el régimen previsto, a partir del próximo 15 de julio podría producirse un bloqueo parcial de los flujos comerciales entre la Unión Europea y Gibraltar, especialmente en el ámbito de las exportaciones, con consecuencias directas para el abastecimiento del Peñón y para la actividad logística del Campo de Gibraltar.
Competitividad y empleo
Asimismo, advierten de que el impacto podría traducirse en una pérdida de competitividad para el sector y en la destrucción de empleo cualificado vinculado a la actividad aduanera y logística de la comarca. Por ello, el colectivo solicita al Ministerio de Hacienda una flexibilización de las exigencias en materia de garantías y responsabilidades, así como la adopción de medidas que permitan simplificar los procedimientos de control. Los profesionales defienden que los objetivos de control aduanero y lucha contra el fraude deben seguir siendo responsabilidad de las administraciones competentes y de los cuerpos encargados de su vigilancia.
Finalmente, los agentes de aduanas han pedido la apertura inmediata de una mesa de diálogo técnico con la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda para revisar el régimen de garantías previsto y buscar soluciones que permitan compatibilizar los nuevos controles con la viabilidad económica del sector. El colectivo asegura mantener su compromiso con la correcta aplicación de los nuevos procedimientos aduaneros, aunque insiste en la necesidad de que su desarrollo responda a criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y sostenibilidad económica para evitar que el refuerzo de los controles termine perjudicando al comercio transfronterizo.
