Llorca también afirmó que los cambios legislativos «han dado buenos resultados con aumento del tráfico portuario», e indicó que los puertos están dotados con infraestructuras básicas adaptadas a las necesidades de la flotas: “en 20 años se han invertido 14.000 millones de euros”.
El presidente del OPPE reflexionó también sobre los aspectos que pueden condicionar la política económica y que también afectan a los puertos: globalización y apertura a nuevos mercados. Según sus datos, el 85% del comercio internacional se hace a través del mar. Como riesgos mencionó las medidas proteccionistas en Estados Unidos, las consecuencias del Brexit y el papel creciente de China.
También hizo hincapié en los modelos energéticos, con nuevas fuentes de energía, alternativas a los combustibles fósiles, que requieren mayores condicionantes ambientales.
Habló asimismo de “la nueva revolución industrial”, con consecuencias sociales y económicas: la digitalización, la automatización y la robótica tendrán su efecto en el transporte y la logística marítima.
El presidente de los Puertos del Estado comentó también los retos que establece la Unión Europea para el transporte marítimo: la descarbonización, la digitalización y el mantenimiento de la competitividad del sector.
Sin embargo, también hay asignaturas pendientes derivadas del nuevo marco económico y de los cambios regulatorios: la adaptación de los puertos al ferrocarril, el nuevo marco legal de la estiba y los controles de fronteras. Sin más.
En la presentación, el presidente de la cámara, José Ángel Corres, expresidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao y experto en economía marítima, hizo un recorrido por la regulación que ha dirigido el desarrollo portuario, subrayando que los puertos, como el de Bilbao, tienen un efecto positivo en el empleo y en la dinamización de la economía.
«Nos posicionan y tienen un impacto importante en el fortalecimiento del comercio local, nacional e internacional». Asimismo, la vida y la actividad de los puertos están muy unida a las infraestructuras, al transporte, a la logística, al desarrollo socioeconómico del país. Y, en este contexto surge la regulación de la actividad de la estiba, de las condiciones laborales de los estibadores y de las tareas pendientes para mejorar la competitividad de las instalaciones portuarias.
