Como desde el Ejecutivo central no pueden ver cómo un puerto catalán lidera los rankings estatales, la orden que dieron a José Llorca habría sido muy clara: Desmontar las palabras de Cambra, achacando las altas tasas del enclave al precio del suelo, superior en Barcelona que en otros lugares.
Si bien esta información es cierta y el presidente del puerto ya se ha apresurado a explicar que revisarán este año la valoración del suelo industrial (llevan un retraso de diez años, todo sea dicho), también lo es que la mayor actividad o, perdón, la actividad que comporta mayor valor añadido implica, a su vez, mayores ingresos. Lo explicaré con un ejemplo: no es lo mismo llenar un contenedor refrigerado de naranjas que hacerlo de medicamentos. Lógicamente, Los segundos son más caros de transportar que los primeros.
El área de Barcelona es, como sabe todo el mundo, una de las más caras del conjunto de país. Y, en la normativa actual de tasas el puerto se ve perjudicado respecto a otros, ya que priman al mismo nivel el precio del suelo al de la actividad que en él se realiza.
La solución a este problema estaría en liberalizar esas tasas. Que cada puerto pudiera competir por captar tráficos de la mejor manera que pudieran y/o supieran. Que cada uno fuera libre de fijar sus propios precios. No obstante esta solución es, en estos momentos, ciertamente utópica. Desde Madrid no podrían ver nunca con buenos ojos que Barcelona liderara no sólo la economía estatal, sino también los tráficos.
Háganse una pregunta simple y lo comprobarán: Si usted fuera el gestor de una naviera que trae sus productos desde el Sudeste asiático con la idea de introducirlos en Europa a través de los puertos españoles, ¿por dónde lo haría en el caso de que los puertos tuvieras libertad para fijar sus tasas? ¿por Valencia –por ejemplo-, para pagar más en concepto de transporte o por la capital catalana que está más cerca de la zona fronteriza y cuenta con mejores conexiones viarias y ferroviarias y un mejor tejido logístico? Yo tendría muy clara la respuesta.
Lo que ocurre actualmente es que desde los despachos de la Castellana no permiten a los puertos españoles labrarse un futuro más positivo por este –a mi entender atrasado- principio de equidad.
