La queja se centra especialmente en los reconocimientos e inspecciones relacionados con el Convenio de la OIT sobre el Trabajo Marítimo (MLC/2006, Maritime Labour Convention). La Administración decidió que ese trabajo había de hacerlo un equipo de inspección formado por tres personas (un inspector de trabajo, un inspector marítimo y un médico de sanidad marítima). Lógicamente, organizar la agenda de las tres personas, que trabajan en organismos diferentes y poseen un estatuto personal diverso, resulta muy complicado. Las navieras han de esperar semanas hasta que el equipo de inspección coordina sus actividades y pueden atender la petición del buque.
Además de ese problema, la inspección que realizan tres personas, cada una de ellas armada de sus propias competencias y atribuciones, sale especialmente cara, no en términos económicos sino en la cantidad de deficiencias que encuentran y en el cúmulo de mejoras que exigen. Aunque no se puede generalizar –existen zonas donde el equipo de inspección actúa con prudencia y cordura- en la mayoría de los casos los armadores se quejan por tener que soportar un régimen de inspecciones mucho más severo e innecesario que si tuvieron su buque abanderado en Malta, por ejemplo, donde un único inspector haría el reconocimiento con mayor agilidad y expediría el certificado exigido por el MLC el mismo día, al acabar la inspección.
Las quejas por el mal funcionamiento de las Administraciones que intervienen en el mundo marítimo vienen de lejos y son endémicas, sobre todo en el sector pesquero, en el que, en estos momentos, en Barcelona, las inspecciones de los botiquines de los barcos sufren retrasos considerables que ponen en peligro el trabajo, ya que las Capitanías Marítimas pueden negarse a despachar a los barcos a los que les falte esa inspección. El Instituto Social de la Marina, encargado de certificar el buen estado de los botiquines, alega que los médicos están de vacaciones y no tienen personal. Es decir, lo de siempre.