Darle la vuelta al desaguisado con el apoyo de la radiante y reciente PIPE (Plataforma de Inversores Privados en Puertos Españoles), de la que forman parte los consabidos: Bergé y Cía, Algeposa, TCB, Ership y Noatum Ports. Al menos eso ha manifestado el novísimo presidente (o vicepresidente) de la PIPE, Jose Luis Almazan, darle la vuelta al fondo.
Así pues, el Decreto arregla o pretende arreglar el espectáculo que se montó con el Fondo de Accesibilidad, o sea: los puertos que ganan me dan dinero (a Puertos del Estado,) para construir la infraestructura viaria que facilite la conectividad (maravillosa palabra) de los puertos que no la tienen y que logrará que la intermodalidad (otra palabra sonajero en vías de malograrse por uso excesivo)reine en nuestros puertos.
A esta cuestión, los puertos que ganan dinero dijeron que nones, que a ver si vamos a pagar con nuestro trabajo y buen hacer dejaciones, caprichos, negligencias u otras cosas. Lío gordo. Movida política y Decreto.
Tú tienes una concesión, ¿la quieres ampliar? Pues: 1. Haces inversiones relevantes (indefinidas); 2. Aportas una contribución a la financiación de infraestructuras de conexión terrestre de los puertos (¿les suena lo de la conectividad y la intermodalidad?); 3. Reduces las tarifas de tu concesión sensiblemente.
Y además ahora, mira tú, si es una concesión nueva puedes llegar a 50 años. Si es de las anteriores, de 35 años, puedes llegar a 47,3 (leeros el decreto, amigos), e incluso puedes llegar a los 75 años si tu inversión es ¡por conectividad¡
Esto nos “pone en línea con otros puertos europeos”, dicen. Favorece las inversiones de los concesionarios actuales (para PIPE es una decisión adecuada porque los concesionarios pierden dinero debido a la recesión en los tráficos), y además, es muy posible que sirva para captar los fondos que necesita Puertos del Estado para implantar (¿o hay que decir implementar?) la política de café para todos en el campo de la conectividad que va a favorecer la intermodalidad y que va a ser la repera morena en términos logísticos.
Nosotros no entramos a fondo en el asunto. Da la sensación que Fomento ha pretendido matar dos pájaros de un tiro y por la vía rápida: arreglar el clamor de los concesionarios contra los beneficios operativos de algunos puertos cuando ellos pierden dinero en las concesiones, y conseguir financiación para su fondo de accesibilidad.
A priori parece lógico que aquellos que han hecho grandes inversiones, pagando a veces precios desorbitados por el suelo (caso Barcelona) y que no han visto, debido a las circunstancias económicas generales, una justa retribución a su inversión, aspiren a aumentar el plazo de amortización. Pasa que también, si aumentamos a 50 años, olvídemonos de hablar de competencia; todavía peor si son 75 años. Pero es de suponer que los reglamentos se fijen en esta cuestión.
Lo realmente curioso de todo esto es la aparición, en el momento justo y en el lugar indicado, del lobby PIPE.
