Según un comunicado de la compañía, los motivos del armador para no llevar la construcción del cablero a la ría de Vizcaya no responde a motivos de capacidad técnica o tecnológica, ni a aspectos económicos, «sino que están basados fundamentalmente en la incertidumbre que existe en el sector naval español. No sólo incertidumbre en cuanto al impacto de la resolución de Bruselas sobre la antigua tax lease, aún no cuantificada, sino también incertidumbre en cuanto a la aplicación del nuevo sistema aprobado por Bruselas, a la hora de encontrar inversores y bancos dispuestos a aplicar y gestionar el crédito».
La resolución que, según la Comisión Europea, sólo iba a afectar a los inversores que participaron en las operaciones de tax lease entre 2007 y 2011, está impidiendo, como era previsible, que los astilleros «firmen nuevos contratos por la inseguridad generada a armadores, inversores y bancos financiadores».
El hecho de contar con un nuevo esquema de tax lease, oficialmente aprobado por la Comisión Europea, «no es un argumento convincente para los armadores, quienes ven difícil que se puedan estructurar nuevas operaciones mientras no se determinen con claridad y de forma inmediata las consecuencias de la citada resolución».
El hecho de contar con un nuevo esquema de tax lease, oficialmente aprobado por la Comisión Europea, «no es un argumento convincente para los armadores, quienes ven difícil que se puedan estructurar nuevas operaciones mientras no se determinen con claridad y de forma inmediata las consecuencias de la citada resolución».
Tras la pérdida de este buque, el segundo en este año, la actual situación para La Naval «es alarmante, debido a que no dispone de nuevos proyectos que garanticen la actividad y las perspectivas de nuevas contrataciones, por lo expuesto anteriormente, son mínimas e inciertas».
La carga actual de trabajo del astillero finalizará, según lo previsto, en enero 2014. De no mejorar la situación, peligran los 240 empleados del histórico astillero, que ya han soportado siete expedientes de regulación de empleo consecutivos; también la industria naval auxiliar, que está sufriendo una considerable disminución de la carga de trabajo proveniente del propio astillero, se vería seriamente afectada.
Cabe recordar que en el primer semestre del año La Naval de Sestao ya perdió otro contrato de 220 millones de euros, en aquel caso como consecuencia del retraso de la Comisión Europea en decidir sobre el anterior régimen de tax lease español. La construcción de este buque hubiera supuesto carga de trabajo hasta el año 2015 generando 1,7 millones de horas de empleo, así como relevantes pedidos para la industria auxiliar naval.
