En cualquier país del mundo hay un colectivo que bajo el nombre de agentes de aduanas, transitarios u otra denominación ofrecen a las empresas la gestión del despacho import-export de las mercancías. No existe obligación legal alguna que exija a los empresarios del sector la contratación de un agente de aduanas para realizar los trámites necesarios para el despacho de las mercancías. Bien es verdad que por razones obvias, dada la complejidad de los trámites previstos en la ley, las empresas solían acudir al profesional especializado, de la misma forma que hoy se acude al gestor experto para que presente en nuestro nombre las declaraciones tributarias o resuelva la documentación farragosa que prevé la normativa marítima para una embarcación de siete metros. Desde que me dedico a este sector, en los años sesenta del pasado siglo, he conocido algunas empresas que se auto despachaban ante la aduana, con personal propio salido mayoritariamente de agencias del sector.
Las comisiones que perciben los agentes de aduanas están reguladas desde el 15 de abril de 1997, y no han sido modificadas desde entonces, no obstante el continuo aumento del coste de la vida.
He conocido a numerosos agentes de aduanas, consignatarios, cargadores y operadores logísticos en general. Algunos de ellos, a base de esfuerzo y sacrificio consiguieron hacer dinero. Otros, tal vez con menos suerte, simplemente se ganaban la vida. El mismo panorama que otras actividades y profesiones en una sociedad de libre mercado. He conocido a muchos agentes de aduanas que sacaron únicamente para el pago de las nóminas de su personal una vez dejaron la actividad.
La liberación de servicios marcada por la política que pretende llevar a cabo la Comisión Europea es una realidad en nuestro sector desde la entrada en vigor del reglamento comunitario conocido como “Aduana 2.000”, una norma que permite el acceso a la actividad a cualquier empresa o particular interesado, extremo que ya se daba en nuestro país.
La realidad actual de los agentes de aduanas no es ajena a la crisis generalizada que sufre España. Han cerrado numerosas empresas y otras han reducido personal para poder sobrevivir. Las empresas y agentes que conforman lo que conocemos como “comunidad portuaria” claman por la simplificación de los trámites administrativos reglamentarios para la exportación e importación de mercancías. Y se están dando pasos positivos en este sentido. Ni los transitarios o agentes logísticos ni, desde luego, los agentes de aduanas, somos responsables de la frecuente pesadez de las normas que emanan del ministerio de Hacienda, como tampoco las gestorías náuticas tienen nada que ver con el fárrago inextricable que acogota a los propietarios de una embarcación de recreo. No deberíamos confundir la existencia de esas normas con la actividad de quienes se dedican a gestionar su cumplimiento por empresas y particulares.
