El núcleo de ambas noticias descansaba sobre “una doble investigación” abierta contra “la marina de lujo que se está construyendo Salamanca Nice [sic] en el Port Vell de Barcelona”, a fin de “esclarecer si se está financiando con dinero procedente de paraísos fiscales y si se ha dispensado a sus promotores un trato de favor por parte de la Autoridad Portuaria”.
Aunque la información del dia 19 de mayo aclara que la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) carece de competencias para investigar la financiación (“la ley (…) impide a Antifraude la investigación del delito de blanqueo de capitales”), la nota persigue que los lectores entiendan que el dinero de la reforma peca “de origen ilícito” y está manejado por “el supuesto entramado de sociedades en manos de inversores rusos y agrupados en la sociedad instrumental Salamanca Nice” (nombre equivocado, se trata de Salamanca Nine, no Nice, como el mismo diario rectifica en la información del día 30).
Las dos noticias no aportan dato alguno sobre el que basar esas acusaciones. Simplemente se dejan caer las palabras para que el lector concluya que Marina Port Vell (MPV) se está reformando con dinero sucio, delictivo, por un entramado de inversores rusos, mafiosos. Lo único que aporta la información es que el dinero “procede de paraísos fiscales”.
Que se sepa, los paraísos fiscales (Liechtestein, Chipre, Malta, Islas Caiman, Bahamas, etcétera) no son ilegales. Todas las empresas internacionales, españolas o no, trabajan con entidades bancarias situadas en esos países, que para eso existen. Por utilizar oficinas bancarias de los llamados paraisos fiscales, los bancos, las operadoras de telefonía, las navieras, los fabricantes de coches, etcétera, etcétera, no son objeto de una investigación ilegal (si Antifraude carece de competencias, resulta obvio que no puede estar investigando el origen del dinero invertido), ni desde luego son blanco de una campaña mediática, ya obsoleta, que pretende obstaculizar la reforma del puerto gestionado por MPV.
Tampoco constituye base alguna de las acusaciones vertidas por El País que el dinero esté manejado por un entramado de empresas con capital de inversores rusos, pues todas las empresas, incluso muchas de pequeño tamaño, han constituido diferentes sociedades, algo perfectamente legal, a fin, entre otros, de minimizar riesgos. Huelga decir que las inversiones procedentes de Rusia gozan de todas las bendiciones y son bienvenidas en cualquier país de la Unión Europea.
Utilizar las palabras a conveniencia interesada es una estúpida forma de mentir. Lo vivimos con el PRESTIGE. De pronto, las autoridades españolas y la comisaria europea Loyola Palacio, descubrieron que el buque tenía “bandera de conveniencia” y se lanzaron a proclamar ese dato, con medias verdades y toneladas de demagogia. Nunca explicaron que las banderas de conveniencia están reconocidas por la coumunidad internacional con los votos, entre otros, del Reino de España y de todos los países de la Unión Europea.
Con un poco de esfuerzo, los redactores de El País podían haberse informado de que el grupo Salamanca, con sede en Londres, maneja capitales de procedencias diversas, como la mayoría de los grupos inversores, entre los que pudieran, tal vez, encontrarse capitales rusos y de otros países europeos; y que los bancos que maneja el grupo están localizados en Chipre, país perteneciente a la Unión Europea. Pero prefirieron montar la noticia sobre rumores e insinuaciones sin fundamento.
Lo que sí puede investigar la OAC es el papel de los poderes públicos en las autorizaciones precisas para acometer las obras. La OAC actúa, según la información del día 19 de mayo, por la denuncia de un “consignatario inglés”, del que no se ofrecen más datos, cuando fácil hubiera sido obtenerlos para completar la noticia y para que el lector pudiera conocer la causa real del litigio.
Al final se desliza otra información no contrastada ni basada en dato alguno, la de que el proyecto de reforma se llevó a hurtadillas, con falta de trasparencia, acusación basada esta vez en “los vecinos” y en “la oposición”, así dichos, genéricamente, sin precisión alguna.
Sobre la supuesta oposición vecinal y el papel de determinados grupos políticos, oposición por sistema, se habló largo y tendido hace muchos meses, cuando un reducido grupo de personas montaron la plataforma “Defensem el Port Vell”, que difundía falsedades del tamaño, por ejemplo, de que iba a privatizarse el Port Vell, cuando se trataba de una simple reforma de la marina existente, acometida por la empresa que adquirió el derecho concesional del antiguo propietario (la consructora FCC); o de que la reforma ponía en peligro la seguridad del puerto, afirmación a todas luces disparatada y que sólo obedecía a la desesperación de los impulsores de la campaña por encontrar algo sólido en que asentar su oposición a la reforma de la marina.
Es legítimo (y en mi opinión muy saludable) estar contra las banderas de conveniencia y contra los paraisos fiscales, pero no es de recibo cargar contra una empresa o un proyecto invocando razones que sólo sirven de pantalla para ocultar otros intereses u otros errores.
Es legítimo, por supuesto, estar en contra de la reforma del Port Vell, o del Paseo de Gracia de Barcelona, o del casco histórico de Cádiz. Pero los medios de comunicación hemos de observar un nivel de exigencia que base las informaciones en algo más que insinuaciones y demagogia.
Insinuaciones y demagogia lógicamente destinadas a corto plazo a acabar en nada. Un poco de ruido y otra oportunidad perdida.
