Existe un asunto que cada cierto tiempo salta como noticia en los medios de comunicación pero que nunca se lleva a cabo: la reestructuración de las autoridades portuarias: estos entes públicos que dependen del ministerio de Fomento a través del organismo Puertos del Estado.
¿Por qué deberían modificarse? La respuesta es clara y concisa: para dejar de perder dinero. De los 28 enclaves portuarios de interés general pertenecientes a la red pública estatal tan sólo unos privilegiados dan beneficios económicos, mientras que tres cuartas partes arrastran pérdidas y, a través de los fondos de compensación interportuarios, deben ser rescatados año a año, por los primeros.
A inicios de verano, los representantes de los puertos acordaron, en su reunión anual, distribuir un total de 24,7 millones de euros para 2013 entre las 28 autoridades portuarias (cerca de diez millones menos que en el presente ejercicio por la falta de aportación para 2013 de Puertos del Estado). Los políticos llaman a esto cohesión, en lo que es un claro maquillaje en la gestión de enclaves deficitarios.
Una posible solución, complicada porque esa moralidad política impide dejar sin su asiento en la presidencia de un puerto a amistades, afinidades y deudos, sería la unificación, de una vez por todas, de las autoridades portuarias por zonas marítimas. Mientras en el mundo civilizado existen dos o tres puertos de importancia internacional por país desde donde se tramitan importaciones y exportaciones, aquí la competencia es bárbara y, en muchos casos, desleal, porque la base de las tarifas las marcan desde la Administración central. Craso error.
Muchas empresas estarían encantadas de realizar su apuesta por puertos realmente importantes pero como manda el dinero acaban sucumbiendo a las tasas de enclaves deficitarios o yéndose a otros puertos europeos, principalmente del norte de Europa, desde donde compensar las tarifas con la posterior distribución de sus mercancías.
A todo esto, habría que sumar el déficit en los enlaces ferroviarios hacia Europa. Sigue siendo más importante el AVE que lleva a una docena de personas desde Madrid a cualquier ciudad pequeña que enlazar Barcelona, Tarragona y Valencia con Europa en una vía exclusiva para mercancías. Se ve que el AVE, pese a perder dinero, sí otorga beneficios electorales.
¿Es normal que haya cinco autoridades portuarias en Galicia? ¿Y siete en Andalucía? ¿Y dos en el norte de África? ¿Y tres para dos archipiélagos poblados que tenemos?… Sinceramente y, aunque tengamos más de 7.800 kilómetros de costa, no hay pastel para tanto invitado a la fiesta.
Se gestionaría mejor, habría más beneficio económico, individual y colectivo, menos burocracia y mayor libertad para fijar tasas, favoreciendo de este modo la implantación de más empresas de importación y exportación, si en lugar de 28 autoridades portuarias existieran seis o siete… incluso con rotaciones en la presidencia. Pero la crisis moral de la clase política, las disputas entre partidos, etc. impide realizarlo… Eso y que se está muy bien aposentado en un sillón presidencial y, en muchos casos, sin conocer a priori qué es un barco y para qué sirve un puerto.
A lo mejor Bruselas podría tomar cartas en el asunto y obligar a modificar este disparate marítimo igual que obliga a subir impuestos o ajustar presupuestos.
