La Organización Marítima Internacional (OMI) ha anunciado el lanzamiento de una nueva herramienta de diligencia debida dirigida a las compañías del sector marítimo insta a proteger los derechos humanos en el mar.
En este sentido, se ha publicado una amplia lista de orientaciones con el objetivo de ayudar a las compañías del sector marítimo a proteger los derechos humanos de la gente de mar, ya que muchos de ellos continúan varados en los buques debido a las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19. La herramienta de diligencia debida en materia de derechos humanos es una iniciativa conjunta del pacto mundial de las Naciones Unidas, la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI).
Esta herramienta de diligencia debida está dirigida a los propietarios de las cargas y los fletadores y se ha publicado en medio de la preocupación de que aumente el número de tripulaciones que han quedado varadas en el mar debido a las restricciones de la pandemia de Covid -19.
Actualmente hay alrededor de 200.000 profesionales del mar varados en el mar, pero la cifra podría volver a aumentar hasta el pico de 400.000 marinos varados que existió en el punto álgido de la crisis de cambio de tripulación en septiembre de 2020. Los organismos de las ONU esperan que estas nuevas orientaciones ayuden a garantizar que las condiciones de trabajo y los derechos humanos de la gente de mar se respeten y que se cumplan con las normas internacionales.
Las nuevas orientaciones tienen como objetivo garantizar la protección de los derechos de la gente de mar en ámbitos como la salud física y mental, el acceso a la vida familiar y la libertad de circulación. Si bien se reconoce la importancia del sector marítimo al transportar más del 80% de las mercancías mundiales, los organismos de la ONU han expresado preocupación ante los informes de la gente de mar que trabaja más allá del periodo máximo de 11 meses de servicio a bordo.
Los organismos de las Naciones Unidas también han expresado su gran preocupación por los informes que indican que las compañías dedicadas al tráfico comercial internacional están evitando fletar buques cuando hay que cambiar la tripulación, y que algunas exigen cláusulas sin cambio de tripulación en las cartas de fletamento, lo que impide los cambios de tripulación necesarios y aumenta la presión sobre el sector del transporte marítimo. En virtud de los principios rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos, las compañías que participan en el sector marítimo tienen la clara responsabilidad de respetar los derechos humanos de la gente de mar como trabajadores de la cadena de valor.
El secretario general de la OMI, Kitack Lim, acogió con satisfacción la nueva herramienta y declaró: «La gente de mar son el corazón de la cadena mundial de suministro. Además, se encuentran a merced de las restricciones a los viajes y al tránsito provocadas por la pandemia de Covid-19. Esto ha provocado que a cientos de miles de gente de mar se les niegue la repatriación, los cambios de tripulación, los permisos en tierra y, en última instancia, se les obligue a permanecer trabajando en los buques mucho más allá de sus contratos. Corresponde a todos los implicados en el sector del transporte marítimo de toda la cadena de suministro y logística garantizar la protección de los derechos de la gente de mar. Esta herramienta es un importante paso adelante, ya que proporciona un enfoque práctico para que los propietarios de la carga, los fletadores y los proveedores de logística tengan en cuenta los derechos humanos de la gente de mar y garanticen que se les dé prioridad a la hora de entregar los bienes que todos necesitamos y deseamos».
Además, la herramienta proporciona orientaciones y una lista de verificación para que los propietarios de la carga, los fletadores y los proveedores de logística lleven a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro con el objetivo de identificar, prevenir, mitigar y abordar los efectos adversos sobre los derechos humanos de la gente de mar afectada por la actual crisis del Covid-19.
Sanda Ojiambo, directora ejecutiva y gerente del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, comentó la difícil situación de la gente de mar y dijo que «el bienestar mental y físico de la gente de mar debe ser una prioridad y esta herramienta es un paso importante en la concienciación sobre cómo abordar los abusos de derechos humanos en el sector marítimo. Esta herramienta envía un poderoso mensaje sobre la importancia de incorporar a los trabajadores marítimos en la cartografía de la diligencia debida para garantizar que se identifiquen, prevengan, mitiguen y aborden los efectos adversos sobre los derechos humanos».
Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que «como dijo el comité de expertos de la OIT en sus observaciones generales del pasado mes de diciembre, es precisamente en tiempos de crisis cuando la cobertura de protección del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, adquiere todo su significado y debe implementarse más estrictamente. Esto es más certero aún si se tiene en cuenta que el convenio sólo contiene normas mínimas para la protección de los derechos de la gente de mar. La OIT ha instado a los Gobiernos a que garanticen la protección de los derechos de la gente de mar, y acoge con satisfacción esta iniciativa que ayudará a las compañías a desempeñar su papel en este esfuerzo colectivo».
Michele Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró por su parte que «la crisis del cambio de tripulación del Covid-19 ha puesto el foco en uno de los eslabones más débiles de las cadenas mundiales de suministro. Se trata de una urgente y grave crisis humanitaria y de derechos humanos que está afectando a la vida de miles de trabajadores marítimos. Todas las compañías que participan en las cadenas mundiales de suministro pueden tener relación con esta crisis. Los principios rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas exigen que las compañías identifiquen si están implicadas en la crisis, incluyendo a través de sus relaciones comerciales, y adopten cualquier medida necesaria para tratar de resolver la situación».
Las medidas recomendadas como parte de la herramienta incluyen:
- Garantizar la adopción de medidas individuales y colectivas para abordar los problemas relacionados con los derechos de la gente de mar, incluido el uso del apalancamiento financiero para poner de relieve los problemas ante los Gobiernos y los proveedores de transporte marítimo.
- Solicitar una garantía por escrito de que ningún marino ha estado a bordo durante un período ininterrumpido de más de 11 meses, periodo máximo según el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006.
- Verificar con los asociados institucionales que la gente de mar no tenga que trabajar más allá de la expiración de sus contratos sin su consentimiento voluntario, ya que hacerlo podría considerarse trabajo forzoso.
- Proporcionar a la gente de mar el equipo de protección personal (EPP) adecuado
- Verificar con los asociados institucionales que el coste de cualquier obligación de cuarentena o aislamiento antes o después de incorporarse al buque no estén ni total o parcialmente ni directa o indirectamente a cargo de la gente de mar.
- Cumplir con la obligación legal de garantizar el acceso de la gente de mar a los cuidados médicos en tierra, por ejemplo, permitiendo derivaciones con el fin de recibir esos cuidados médicos.
- Utilizar el marco de protocolos recomendado por la OMI para garantizar que se efectúan cambios de tripulación en condiciones de seguridad durante la pandemia de COVID-19, así como transmitirlos a todos los asociados pertinentes.
- Aceptar las solicitudes de desviamientos de ruta de las compañías navieras con el fin de facilitar los cambios de tripulación y transmitir esta expectativa a los asociados institucionales.
- Verificar que los operadores de los buques limitan las prórrogas de los contratos de la tripulación que se puedan evitar.
