El Consejo de Estado realizó una auditoria de la gestión de Sasemar entre los años 2003 a 2005. El informe del Consejo, publicado en el BOE de 5 de mayo de 2010 (ver adjunto, en pdf), preconizaba que Remolques Marítimos, SA (Remasa o Remolmar), se integrara en Sasemar, a fin de ahorrar costes y racionalizar la gestión del salvamento marítimo español.
Eran los años del final de los gobiernos presididos por Rodríguez Zapatero, cuando la crisis, económica e institucional, tantas veces negada por el optimismo del presidente, golpeaba con extraordinaria dureza a los ciudadanos españoles. El Gobierno, en su desesperada búsqueda de partidas a recortar, puso en marcha en abril de 2010 un proyecto de racionalización del sector público empesarial con el objetivo de suprimir la caterva de empresas y empresillas creadas y mantenidas, en no pocos casos, para poder colocar a los militantres del partido con pretérito pasado o con futuro hipotético. Dentro de ese proyecto, desde el primer momento, aparecía la sociedad Remasa.
Pero el último Gobierno de Rodríguez Zapatero, con Pedro Solbes dimitido de la cartera de Economía y Hacienda, no tuvo arrestos para ejecutar el proyecto. Esa labor la dejaron para el nuevo ejecutivo salido de las elecciones de 20 de noviembre de 2011. En efecto, el 16 de marzo de 2012 se aprobaba la Orden de Hacienda y Administraciones Públicas que ponía en marcha el plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal (BOE de 24 de marzo de 2012). La Orden establecía que los consejos de administración de las sociedades afectadas, para el caso Remasa y Sasemar, debían aprobar, en un plazo máximo de dos meses, un plan de redimensionamiento sobre la adecuación de las estructuras organizativas, laborales inmobiliarias y de recursos resultantes de su nueva situación.
Ello implicaba negociar con los trabajadores las condiciones de la extinción de Remasa, publicada en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 24 de enero de 2013, y la absorción de sus activos y trabajadores por parte de Sasemar.
El 6 de marzo de 2013, hace ya más de 16 meses, se aprobó el Convenio colectivo de garantías y reordenación de condiciones laborales del personal de flota de la entidad pública empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), compuesto por dos documentos. En el primero se recogían los acuerdos concretos de garantía y estabilidad en el empleo; y el segundo, vinculado al primero, contemplaba la actualización del convenio colectivo de flota bajo la denominación de Acta de aplicación al XIII Convenio Colectivo de Remolques Marítimos. Se establecía la vigencia del convenio hasta el 31 de diciembre de 2014.
El acuerdo alcanzado parecía satisfactorio para ambas partes. Pero cuando en noviembre de 2013, 8 meses después del acuerdo, el Ministerio de Fomento, encargado de tutelar a la empresa pública Sasemar, aprobó un texto corregido, obligando a una nueva negociación entre empresa y trabajadores, ya estaba claro que el convenio contenía extremos que el Ministerio de Hacienda, que ostenta la última palabra, no consideraba admisibles. En concreto, la disposición adicional quinta que establecía un incentivo a la jubilación no agradaba a la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), órgano paritario entre el Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio de Haciendo, encargado de aprobar, para los funcionarios y los trabajadores de empresas públicas, las relaciones de puestos de trabajo, sus modificaciones y, en particular, las producidas por variación en el número, denominación y características esenciales de los puestos de trabajo y en los requisitos para su desempeño.
El acuerdo, modificado y renegociado, fue remitido por el Ministerio de Fomento a la CECIR en marzo de 2014, y en mayo, la CECIR hacía pública su decisión de enmendar sensiblemente el acuerdo de Sasemar con sus trabajadores. Más en concreto, la CECIR recortaba los logros que habian obtenido los trabajadores a cambio de ceder en aspectos claves para que la unificación de plantillas fuera pacífica.
Estamos ahora en punto muerto. Las protestas de los sindicatos contra la decisión de la CECIR, especialmente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), y sus quejas respecto a lo que ellos entienden como una burla del Gobierno, recogen el evidente malestar de cuantos integran la plantilla de tierra y de flota de Sasemar. El tiempo dirá si ese malestar acaba en conflicto abierto -una decisión muy comprometida en estos momentos- o en resignación a la espera de mejores tiempos.
