La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 6ª), de 11 de diciembre de 2014, obliga a que todos los actores implicados vean como sus posicionamientos deben acomodarse a los criterios marcados desde la Unión Europea. Como sostengo en mi tesis doctoral “La estiba y desestiba portuaria: un estudio desde el Derecho Administrativo”, y que en breve recogeré en la publicación del estudio, el modelo debe reinventarse para ajustarse a los postulados comunitarios y demorar una solución consensuada no hace más que acrecentar el problema.
Seguidamente, trataré de hace una pequeña exposición del panorama que se avecina si finalmente España debe enfrentarse a un procedimiento por incumplimiento de la Sentencia:
El TJUE en sus sentencias declara la existencia de un incumplimiento, lo que obliga al Estado miembro en virtud de lo dispuesto en los Tratados a adoptar las medidas necesarias para la ejecución. La sentencia como en el caso de la estiba es meramente declarativa, el TJUE no estipula las medidas que se deben adoptar, es ahí donde entra en juego la negociación de todas las partes implicadas para encontrar una solución.
Desde el Tratado de Maastricht se introdujo un procedimiento sancionador para los casos en los que no se dé cumplimiento a las sentencias. Actualmente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé un mecanismo por el que proceder a la imposición de multas coercitivas al Estado incumplidor. Escenario al que, si las partes no toman conciencia, estaremos abocados en breve en España.
Los pasos parecen que van en esta dirección puesto que no es ningún secreto que la Comisión ya ha advertido su intención de solicitar al TJUE la adopción de las medidas necesarias para ejecutar la Sentencia declarativa de incumplimiento por lo que se refiere al modelo de estiba en España, de hecho, en mi opinión, si esto no ha ocurrido ya es debido a la interinidad del ejecutivo actual.
Si finalmente se inicia el procedimiento de ejecución España puede enfrentarse a la imposición de una suma a tanto alzado o a una multa coercitiva al Estado. La Comisión, en una Comunicación sobre actualización de los datos para calcular las sumas a tanto alzado y las multas coercitivas que propondrá al Tribunal de Justicia en los procedimientos de infracción, tiene establecido desde hace más de una década que se atenderá para el cálculo de las multas datos macroeconómicos que deben revisarse anualmente a fin de tener en cuenta la inflación y la evolución del PIB.
Los baremos en los que estimatoriamente se podría calcular una hipotética sanción van desde los 220 diarios en el caso de la suma a tanto alzado (6.691,6 euros mensuales u 80.300 al año), a los 660 euros diarios si se opta por una multa coercitiva (20.075 euros mensuales o 240.900 euros al año), por lo que no parece un escenario muy alentador.
Además deben tenerse en cuenta otros elementos que señala la Comisión, el tanto alzado de base estándar o uniforme para el pago de multas coercitivas diarias se define como el importe básico fijo al que se aplican determinados factores de corrección multiplicadores. Los factores de corrección son los coeficientes por la gravedad y la duración de la infracción, y el factor especial «n» correspondiente al Estado miembro de que se trate, que han de aplicarse para calcular el pago de una multa coercitiva diaria.
Tras la exposición breve del procedimiento de sanción, creo que se hace evidente la necesidad de llegar a buen puerto en las negociaciones, el paréntesis electoral y la repetición de elecciones han supuesto un tiempo extra de partido que las partes implicadas en el conflicto no están sabiendo utilizar, es como si las circunstancias les hubieran brindado una prórroga y se estuvieran empecinando en llegar a los penaltis.
* Leer artículo anterior: La situación de la estiba en España desde el punto de vista del Derecho Administrativo (I)
