El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado recientemente dos sentencias favorables a las tesis defendidas por el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, en sendos contenciosos contra la Administración pública de la comunidad autónoma y el Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS), que reconocen la competencia profesional de los colegiados en el proyecto de infraestructuras hidrográficas, así como en los ámbitos de la pesca y la acuicultura.
La primera sentencia obliga a la adscripción de la especialidad de ingeniero naval y oceánico al puesto de trabajo de “jefe/a de servicio del área de aguas” de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, de la Administración pública de la comunidad Autónoma, junto a las especialidades de ingeniero industrial e ingeniero de caminos, canales y puertos.
Esta sentencia reconoce la posibilidad de que el ingeniero naval y oceánico (INO) tenga capacidad para el diseño de algunas infraestructuras hidrográficas. “El colegio oficial defendió durante todo el procedimiento contencioso la capacidad de los ingenieros navales y oceánicos para proyectar obras hidráulicas de desalación de agua marina puesto que, dado el contenido de sus planes de estudio, demuestran capacidad para concebir y desarrollar soluciones técnica, económica y ambientalmente adecuadas a las necesidades de aprovechamiento de los recursos oceánicos (entre ellos el agua de mar), así como al uso adecuado del hábitat marino”, explica Pilar Tejo, decana del colegio oficial de ingenieros
Navales y oceánicos
La decana ha recordado, al respecto, la eminente figura del ingeniero naval canario D. Manuel Díaz Rijo, “quien concibió el proyecto de la primera planta de desalinización y potabilización de agua de mar en Canarias (también pionero en Europa), que entró en funcionamiento en Punta Grande (Arrecife) en el año 1964, que fue el origen conceptual de la tecnología de desalinización y potabilización empleada en Canarias desde entonces, y que ha dado pie al desarrollo económico de Canarias”.
Resulta destacable que, al analizar la idoneidad del ingeniero naval y oceánico, el Tribunal haya tenido especialmente en cuenta que las principales unidades empleadas a efectos de gestión de cuencas de las islas Canarias (las “demarcaciones hidrográficas” insulares) incluyen zonas marinas de gran extensión, con profundidades oceánicas de cientos de metros y una extraordinaria diversidad ecológica, que han de ser objeto de protección en el marco de la legislación aplicable en materia de aguas.
La segunda sentencia favorable reafirma el ámbito de competencias del ingeniero naval y oceánico en materia de pesca y acuicultura, al entender bien justificada la adscripción de la especialidad de Ingeniero Naval al puesto de trabajo de “asesor/a técnico en política pesquera común”. Tal justificación, reflejada en el expediente administrativo que motivó la creación del puesto de trabajo, se basa en los conocimientos adquiridos para obtener el título académico de máster habilitante para el ejercicio de la profesión, anteriormente ingeniero superior, que comprenden la pesca, la acuicultura, la oceanografía (física, química y biológica), así como la economía y gestión de empresas del ámbito marítimo (incluyendo las pesqueras y acuícolas).
«Los precedentes judiciales y la jurisprudencia, respecto a la adscripción de los puestos de trabajo en las Administraciones Públicas, contratación pública y preceptos normativos de índole profesional, sirven conjuntamente para perfilar el ámbito competencial de nuestra profesión, respecto al resto de profesiones y titulaciones», asegura la decana, Pilar Tejo. “Estos nuevos precedentes favorables tienen un extraordinario valor que nos anima a seguir trabajando en la defensa del profesional de la Ingeniería Naval y Oceánica”, concluye.
