Rodolfo Burgos Marín y Rodolfo José Burgos Escudero, los Burgos, padre e hijo, propietarios del buque CELANOVA, al que dejaron abandonado en Manila con quince tripulantes a bordo, han sido objeto de una acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por las bonificaciones aplicadas indebidamente por la empresa en la cotización a la Seguridad Social; bonificaciones del 90% en las cuotas cuya cuantía, durante el periodo agosto de 2019 a enero de 2021, ascendió a 82.418 euros y que afectaron a siete trabajadores.
El acta, a la que ha tenido acceso NAUCHERglobal, afirma que el buque CELANOVA, propiedad de la empresa Globalgas, cuyos socios eran los Burgos, sufre una avería en su travesía hacia Filipinas el 7.12.2019, permaneciendo fondeado en la bahía de Manila desde el 17 de diciembre de dicho año, con 15 tripulantes a bordo. Los tripulantes abandonados -sigue el acta- además de no recibir su salario por parte del armador, apenas recibieron la debida atención de provisiones, agua dulce, combustible, etc.
Las irregularidades que ahora son motivo de actas de infracción y liquidación surgen porque el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, creada por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, establece que el capitán y el primer oficial deberán tener, en todo caso, la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE). El resto de la dotación deberá ser de nacionalidad española o de algún otro Estado miembro de la UE o del EEE, al menos en su 50 por ciento, aunque puede recurrirse -con autorización del Ministerio de Fomento- a tripulantes no nacionales cuando no los haya del país o del ámbito europeo. Globalgas carecía de autorización para que tan sólo dos tripulantes, primer y segundo oficial, fueran de nacionalidad española. El resto, incluido el capitán, todos eran cubanos.
A la anterior violación legal hay que sumar que los Burgos se atribuían de forma fraudulenta un descuento del 90 por ciento de las cotizaciones a la Seguridad Social, una bonificación con cargo a los presupuestos públicos prevista para las empresas cumplidoras de la ley, no para una empresa como Globalgas que hizo de la ilegalidad una norma de conducta.
LA NEFASTA IMPUNIDAD
La cantidad defraudada a la Seguridad Social por los Burgos, 82.418 euros, así como las numerosas deudas salariales a los tripulantes (reconocidas en sentencias judiciales firmes) y los diversos pufos dejados a los proveedores, probablemente quedarán impunes. Globalgas fue liquidada apresuradamente y formalmente no existe. Y los Burgos carecen de bienes porque ya tuvieron la precaución de poner su fortuna a nombre de hijos y otros familiares.
Sin embargo, el artículo 307.1 del Código Penal castiga el delito de quien “por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devolucionesde las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros”. Establecido el delito, la jurisprudencia seguida al respecto por el Tribunal Supremo ha sido oscilante. Inicialmente, mantuvo que debía de haber algo más que el mero impago de cuotas para la concurrencia del delito -sería necesario adicionalmente una maniobra de ocultación que pudiera perjudicar la labor de inspección (STS 19-11-04). Luego cambió y pasó a entender que la simple omisión de pago era suficiente, sin necesidad de que fuera acompañada de elusión o defraudación (STS 19-05-06). Por último, en la sentencia de 19 de noviembre de 2018, volvió a la tesis primera.
No tengo constancia de actuación persecutoria penal de la Administración contra las empresas en casos de esta entidad. Una pena porque la impunidad incentiva el delito y desalienta el respeto a la legalidad.
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