El ejecutivo ha impulsado esta medida ante la necesidad de adecuar la ley actual, vigente desde 1998, a la realidad actual y hacer frente a los cambios registrados en el tráfico portuario del país (pesquero, comercial, industrial, de servicios, etc.), con mejoras en la calidad de las infraestructuras. Así, la nueva ley introducirá cambios para garantizar un sistema concesional «más flexible e incentivador de las inversiones», con un régimen de usos del dominio portuario más amplio y atractivo que el actual para contribuir a generar actividad económica.
De hecho, según un estudio elaborado por la empresa pública Ports de la Generalitat y presentado el pasado mes de junio, los 45 puertos gestionados por la Generalitat generan un impacto anual de 1.000 millones de euros y 12.000 puestos de trabajo. Durante la presentación el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, destacó el carácter dinamizador del sistema portuario catalán no sólo en cuanto a la actividad económica sino también en el ámbito social, y añadió que la nueva Ley de Puertos «debe configurar los puertos como verdadero motor económico, clave para el futuro del país».
Así, la actividad generada por estos 45 puertos (todos los del litoral catalán excepto los de Barcelona y Tarragona, que son puertos de interés general) en sectores como la pesca, acuicultura, náutica, restauración, industrial (astilleros y varaderos), comercial, turístico y servicios equivale al 0,5% del PIB catalán y al 0,4% de la ocupación de Catalunya.
Los puertos juegan también un papel relevante en el ámbito social y permiten el desarrollo de una serie de actividades formativas, deportivas, culturales y cívicas. Según datos de 2014, el número de visitantes a las instalaciones portuarias catalanas asociados a este papel de dinamización social superó el millón de personas.
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