La Generalitat de Catalunya plantea que el impuesto a los cruceros se despliegue de manera progresiva hasta el 2026. Así lo detalla el anteproyecto de ley del nuevo tributo, que ya ha salido a información pública. El impuesto prevé grabar las emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas de los grandes barcos –en concreto, los que tienen un arqueo bruto superior a las 5.000 toneladas– que estén anclados en puertos catalanes, ya sea durante el tiempo de maniobra, atraco o fondeo. El Departamento de Economía prevé que la nueva figura tributaria recaude 9,7 millones de euros el 2023, el primer año de aplicación, cifra que aumentaría hasta los 34 millones el 2026, según ha avanzado La Vanguardia. Está previsto que el texto llegue al Parlamento catalán en los primeros meses de este año.
El impuesto se basa en el principio «quien más contamina, más paga», según avanzó la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà. En este sentido, el anteproyecto de ley detalla que la base imponible del tributo está constituida por la cantidad de óxidos de nitrógeno o de partículas emitidas por los barcos. El texto fija un tipo inicial de 1 euro/kg de óxidos de nitrógeno y de partículas por el 2023. Esta cantidad se incrementa hasta 1,5 euros el 2024; 2,5 euros el 2025; y 3,5 euros el 2026.
El nuevo tributo prevé bonificaciones del 10% de la cuota por los barcos que dispongan de un sistema de conexión eléctrica a muelle, hagan escala en un puerto que tenga esta conexión y no puedan conectarse por carencia de disponibilidad. También se incluyen descuentos el 5% de la cuota por los cruceros que cuenten con certificados acreditables de mejora energética. Asimismo, la norma prevé exenciones para los barcos que presten servicios públicos, los que se vean obligados a atracar o fondear por peligro o bastante mayor y los que hagan actividades de ayuda humanitaria.
