La ministra de Fomento, Ana Pastor, se desplazó ayer, día de Reyes, a Panamá, para negociar con el Gobierno centroamericano una resolución del problema (ver noticia relacionada) y acercar las posturas entre las partes enfrentadas en el conflicto por las obras de ampliación. Así, se ha sacado en claro que ambas partes “se van a sentar a hablar y a dialogar para intentar resolver los problemas”.
E igualmente, Pastor aseguró que el consorcio GUPC (Grupo Unidos Por el Canal, que está conformado por Sacyr Vallehermoso, de España; Impregilo, de Italia; Jan De Nul, de Bélgica; y Constructora Urbana, SA (CUSA), de Panamá) se ha comprometido a que todas sus reclamaciones sigan la vía contractual.
La ministra realizó estas declaraciones tras reunirse en Panamá con el presidente del país centroamericano, Ricardo Martinelli, encuentro que tuvo lugar posteriormente al celebrado con representantes del consorcio GUPC.
Pastor señaló que “el problema entre un grupo de empresas entre las cuales está el consorcio que está construyendo el canal y la autoridad del canal” influye no sólo en Panamá y España, sino en todos los países del mundo, porque “la apertura del Canal de Panamá va a significar un antes y un después en el transporte marítimo internacional”.
Tras afirmar que el problema actual es “entre una entidad privada y una entidad que es independiente del Gobierno panameño, según la constitución de Panamá”, añadió que como representante del Gobierno español está intentando que ambas partes lleguen a un acuerdo “porque será bueno para todos, especialmente para este gran país que es Panamá”.
En ese sentido, recalcó que hay un modelo arbitral establecido y que “el compromiso del consorcio es que todas las reclamaciones vayan por la vía dentro del contrato” y añadió que “por lo tanto ya existe ese primer acuerdo, así como que ambas partes se van a sentar a hablar y a dialogar para intentar resolver todos los problemas”.
Por último, la ministra de Fomento agradeció al presidente de Panamá la celebración del encuentro y destacó que el objetivo es que “esta obra tan importante continúe a buen ritmo y se pueda terminar en el periodo más corto de tiempo”.
En este mismo sentido, el presidente panameño señaló que «Dentro del marco del contrato las partes pueden resolver cualquier conflicto que exista entre ellos, ya que los más importante es que este es un proyecto de envergadura mundial y del interés de todos, por lo que se tiene que terminar en el tiempo previsto».
En cualquier caso, el presidente afirmó que «tanto los Gobiernos de España e Italia están dispuestos a ayudar a que se resuelvan estas anomalías», no obstante dejó claro que «no es un problema diplomático, sino entre empresas». Así, para Martinelli, «no creo que tenga mucho más que añadir [a los dicho por la ministra española] salvo que la ACP y el GUPC, entre ellos, tienen que resolver todos sus problemas según el contrato firmado entre las partes. Estamos seguros de que producto de las reuniones que se están dando entre ellos, van a resolver cualquier conflicto que pudiesen tener».
Cabe recordar que el contratista se adjudicó en el año 2009 el proyecto de ampliación del canal interoceánico por un valor global de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones corresponden al contrato para la construcción de las nuevas esclusas, que es donde ha habido el mayor conflicto. Así, el consorcio constructor había señalado que la Autoridad del Canal entregó información geológica equivocada, principal causa de la petición de cerca de 1.600 millones de dólares extras, que representan cerca del 50% del costo de las nuevas esclusas.
