En mayo de 2004, como consecuencia del escándalo internacional provocado por la detención en noviembre de 2002 del capitán del petrolero PRESTIGE, Apóstolos Mangouras, presentado ante la opinión pública española como chivo expiatorio de los errores cometidos por las autoridades marítimas en la gestión del accidente, el Comité Jurídico de la Organización Marítima Internacional (OMI, más conocido por sus siglas inglesas, IMO), aprobó la propuesta de establecer un Grupo de Trabajo conjunto OMI/OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre el trato justo a la gente de mar. Fruto del trabajo de ese grupo, en 2006, la OMI y la OIT promulgaron conjuntamente las «Directrices sobre el trato justo de la gente de mar en caso de accidente marítimo», cuyo objetivo es garantizar que la gente de mar reciba un trato justo después de un accidente marítimo y durante cualquier investigación que pudiera ponerse en marcha, instando a las autoridades a no detener a los marinos implicados y, en último extremo, mantenerlos detenidos el mínimo tiempo necesario.
A la luz del informe del SRI, no parece que las directrices OMI/OIT, confirmadas por el Código OMI de Investigación de Siniestros Marítimos (2008), hayan tenido una respuesta adecuada.
El informe del SRI recoge las numerosas quejas de los marinos que se han visto imputados en procesos penales. Las quejas más numerosas hacen referencia al mal trato recibido, la intimidación sistemática, la falta de asesoramiento legal y la ausencia de intérpretes que les traduzcan los cargos que se les imputan.
Durante un año fueron entrevistados 3.480 marinos, en 18 idiomas, pertenecientes a 68 nacionalidades. De ellos, el 4% habían participado como testigos en procesos penales; y un 33% conocían a otros compañeros de profesión que habían sido encausados por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. El 24% de los capitanes encuestados en el informe habían hecho frente a algún proceso penal, acusados de diversos delitos, después de que el buque a su mando sufriera un accidente. Unas cifras que no tienen parangón en ningún otro oficio o profesión.
De los marinos que respondieron haber pasado por algún procesamiento penal, el 81 por ciento afirmaron que habían sido maltratados y el 44 por ciento se quejaron de haber sufrido registros personales desproporcionados; el 87 por ciento de los encausados por supuestos delitos relacionados con sus deberes profesionales aseguraron que carecieron en sus declaraciones de asesoramiento legal; el 91% se quejaron de no haber contado con intérpretes y traducciones a su propio idioma, ni al inglés en muchas ocasiones; y el 89% de los marinos que habían sido encausados respondieron que en ningún momento les explicaron cuales eran sus derechos.
Con este panorama (cada día aparecen noticias de detención de marinos tras haber sufrido un accidente), a nadie puede sorprender que la carrera de marino sea masivamente rechazada por los jóvenes. Demasiada responsabilidad, demasiados riesgos, demasiado castigo por tan bajo sueldo, aducen, seguramente con razón. Como concluye el informe del SRI, muchos funcionarios de los puertos vierten, como si fuera confeti, acusaciones penales sobre los marinos para alimentar la corrupción en la que viven instalados. Si algo semejante pudo suceder en España, un país al fin y al cabo perteneciente a la Unión Europea, donde se rinde culto –al menos de boquilla- a los derechos humanos, pensemos lo que sucede en buena parte de los países africanos, asiáticos y de América del Sur. Queda dicho: un panorama desolador al que urge poner remedio.
