La Corte Suprema del Reino Unido ha reconocido a la aseguradora del petrolero ‘PRESTIGE, London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association, su derecho a ser indemnizada por España. La resolución judicial determina además que el Estado español no tiene opción de cobrar los 855 millones de euros de la póliza del seguro tras la catástrofe marítima. El fallo judicial estima el recurso de apelación presentado por la aseguradora frente a las pretensiones de España y del Estado francés. La disputa legal se centró en si un tribunal ordinario o arbitral tiene la potestad de conceder una compensación cuando no se cumple la obligación de acudir a un arbitraje, después de que España no se sometiese a dicho procedimiento.
El tribunal británico abordó el principio según el cual un tercero no puede acogerse al beneficio de un contrato «sin aceptar su carga». El dictamen sostiene que el uso de la denominación de compensación en equidad durante el litigio no priva a la aseguradora «del derecho al resarcimiento económico que legalmente le corresponde por incumplimiento contraactual». La sentencia británica reconoce el derecho de la entidad aseguradora a recibir la compensación económica tras haberse planteado la reclamación de 855 millones en los tribunales españoles en lugar de la vía de arbitraje estipulada en la póliza del barco. El fallo no establece de momento importes concretos para la indemnización. El litigio se remonta a los daños provocados por el hundimiento del PRESTIGE en noviembre de 2002, cuando el vertido de más de 63.000 toneladas de combustible afectó a las costas gallegas.
En su sentencia, el tribunal británico sostiene que las obligaciones que surgen en los casos de beneficio condicionado son exclusivamente negativas o defensivas y no pueden fundamentar una reclamación de pago. Asimismo, otro de los argumentos es la competencia de un tribunal para conceder una orden judicial o exigir el cumplimiento específico de una obligación otorgar una indemnización por daños y perjuicios en sustitución de esas medidas. Paralelamente, la Corte Suprema sostiene que las pérdidas del Club no habían sido causadas —ni lo serían en el futuro— por el incumplimiento de la obligación de arbitraje por parte de los Estados. Según esta interpretación, la única causa era que los tribunales españoles no habían aplicado la cláusula ‘pay to be paid’ del contrato de seguro, que condicionaba el derecho a cobrar al pago previo de las responsabilidades de los miembros asegurados.

