La primera de ellas hace referencia a la criminalización de los marinos. La Cesma insiste en que la colaboración entre todas las partes que componen el sector maritimo resulta la mejor solución para gestionar este problema. Además, los capitanes piden a las navieras que ofrezcan todo el apoyo necesario a sus trabajadores cuando éstos sean imoputados a resultas de un accidente marítimo. En tofdo caso, la Cesma recomienda a los capitanes la suscripción de un seguro (Master Mariner Portect), que les proteja ante la eventualidad de ser procesados en el ejercicio de la profesión.
La segunda resolución, sobre la piratería marítima, repite prácticamente la que se aprobó en la Asamblea e Nantes en 2013. Acepta temporalmente la presencia a bordo de personal armado (extremo que Cesma siempre había echazado), siempre que quede claro que están sujetos a las órdenes del capitán y de los oficiales del buque.
La tercera resolución, sobre la fatiga en relación a la seguridad a bordo y de la navegación, denuncia la regla del convenio internacional sobre formación y guardias (STCW), que permite las guardias de seis horas, al tiempo que saluda con satisfacción la entrada en vigor del Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC), de la Organización Inrernacional del Trabajo (OIT, ILO en siglas inglesas).
Las cinco restantes se refieren a los problemas de seguridad detectados en los buques de pasaje y de carga rodada, en particular a la práctica imposibilidad de organizar el abandono del buque de forma segura en las condiciones de tripulación actuales y con el excesivo número de pasajeros que suelen llevar los buques de crucero; al equipamiento de salvamento de los buque de acuerdo con las normas vigentes; a las condiciones de empleo (y desempleo) de los marinos europeos, con enormes problemas para conseguir embarque frente a la oferta de mano de obra de paises en vías de desarrollo; a la ciber seguridad (orden público) en la industria mrítima, muy vulnerable ante la masiva introducción de tecnologías satelitarias en los buques; y a la planificación de los usos de los espacios marítimos en aguas europeas, especialmente en el Mar del Norte, donde la construcción de parques eólicos y de otras esructuras fijas obstaculizan una navegación segura.
