El paquete legislativo ‘Fit for 55’ -seguramente el más ambicioso de la historia de la UE en materia de clima- recibe ese nombre por el compromiso que vehicula de reducir de aquí a 2030 en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea (un 55% con respecto a las emisiones registradas en el Viejo Continente en 1990). Entre las iniciativas que incluye, que el 40% de toda la energía UE sea producida a partir de fuentes renovables en 2030, que todos los vehículos nuevos matriculados a partir de 2035 sean de cero emisiones o que haya aranceles en las fronteras de la UE para que los productos que lleguen aquí no vengan cargados de carbono (que en su producción no haya habido emisiones que aquí estarían gravadas).
La Comisión Europea (CE) adoptó ayer un conjunto de propuestas para adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad a fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990.
Según la CE, conseguir estas reducciones de las emisiones en la próxima década es crucial para que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050 y hacer realidad el Pacto Verde Europeo. Con las propuestas ayer anunciadas, la Comisión presenta los instrumentos legislativos «para cumplir los objetivos consagrados en la Ley Europea del Clima y transformar nuestra economía y nuestra sociedad de cara a un futuro justo, ecológico y próspero».
Las propuestas combinan: la aplicación del comercio de derechos de emisión a nuevos sectores y refuerzo del actual régimen de comercio de derechos de emisión de la UE; un mayor uso de las energías renovables; una mayor eficiencia energética; el despliegue más rápido de los modos de transporte de bajas emisiones y de la infraestructura y los combustibles para sostenerlos; un ajuste de las políticas fiscales a los objetivos del Pacto Verde Europeo; medidas para evitar la fuga de carbono e instrumentos para preservar y potenciar nuestros sumideros naturales de carbono.
Comercio de derechos de emisión
El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) pone precio al carbono y reduce el límite máximo de emisiones de determinados sectores económicos cada año. En los 16 últimos años, se han conseguido reducir las emisiones de la generación de electricidad y de las industrias de gran consumo de energía en un 42,8%. La Comisión propone rebajar aún más el límite global de emisiones y aumentar su ritmo anual de reducción. La Comisión también propone eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitos para la aviación, ajustarse al Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional (Corsia), que es de ámbito mundial, e incluir por primera vez las emisiones del transporte marítimo en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE).
Para responder al hecho de que no disminuyen las emisiones del transporte por carretera y los edificios, la Unión Europea establece un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión para la distribución de combustibles para el transporte por carretera y los edificios. La Comisión también propone aumentar el tamaño de los Fondos de Innovación y Modernización.
Para complementar el gasto sustancial en materia de clima en el presupuesto de la UE, los Estados miembros deben gastar «la totalidad de sus ingresos procedentes del comercio de derechos de emisión» en proyectos relacionados con el clima y la energía. Una parte específica de los ingresos procedentes del nuevo sistema para el transporte por carretera y los edificios debe abordar el posible impacto social en los hogares vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte.
Esfuerzo para reducir emisiones
El Reglamento de reparto del esfuerzo asigna objetivos reforzados de reducción de emisiones a cada Estado miembro para los edificios, el transporte por carretera y marítimo nacional, la agricultura, los residuos y las pequeñas industrias. Estos objetivos, que tienen en cuenta las diferentes situaciones de partida y capacidades de cada Estado miembro, se basan en su PIB per cápita, con ajustes para tener en cuenta la relación coste-eficacia.
Los Estados -explica la Comisión- miembros también comparten la responsabilidad de retirar carbono de la atmósfera, por lo que el Reglamento sobre el uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura establece un objetivo global de la UE para la absorción de carbono por los sumideros naturales, equivalente a 310 millones de toneladas de emisiones de CO2 para 2030.
La producción y el uso de la energía representan el 75% de las emisiones de la UE, por lo que la Comisión Europea considera «crucial» acelerar la transición hacia un sistema energético más ecológico. La Directiva sobre fuentes de energía renovables fijará un objetivo más ambicioso a fin de producir el 40% de nuestra energía a partir de fuentes renovables de aquí a 2030.
Todos los Estados miembros contribuirán a ello y se proponen objetivos específicos para el uso de energías renovables en el transporte, la calefacción y refrigeración, los edificios y la industria. Para cumplir nuestros objetivos climáticos y medioambientales, se refuerzan los criterios de sostenibilidad en el uso de la bioenergía y los Estados miembros deben formular cualquier sistema de apoyo a la bioenergía de manera que se respete el principio de uso en cascada de la biomasa leñosa.
Para reducir el consumo global de energía, reducir las emisiones y luchar contra la pobreza energética, la directiva relativa a la eficiencia energética establecerá un objetivo anual vinculante más ambicioso para disminuir el consumo de energía a escala de la UE. La directiva establecerá la manera de fijar las contribuciones nacionales y casi duplicará la obligación de ahorro energético anual de los Estados miembros. El sector público tendrá que renovar el 3% de sus edificios cada año para impulsar la ola de renovación, crear puestos de trabajo y reducir el consumo de energía y los costes para el contribuyente.
Buques con acceso a electricidad limpia
Los combustibles del transporte aéreo y marítimo son muy contaminantes y también requieren medidas específicas para complementar el comercio de derechos de emisión. El reglamento relativo a la infraestructura de los combustibles alternativos dispone que las aeronaves y los buques tengan acceso a un suministro de electricidad limpia en los principales puertos y aeropuertos. La iniciativa relativa a los combustibles del transporte marítimo (FuelEU) estimulará la adopción de combustibles marítimos sostenibles y tecnologías de cero emisiones mediante el establecimiento de un límite máximo para el contenido de gases de efecto invernadero en la energía utilizada por los buques que hagan escala en puertos europeos.
El régimen fiscal para los productos energéticos debe salvaguardar y mejorar el mercado único y apoyar la transición ecológica mediante el establecimiento de los incentivos adecuados. Una revisión de la directiva sobre fiscalidad de la energía propone armonizar la fiscalidad de los productos energéticos con las políticas energéticas y climáticas de la UE, promoviendo tecnologías limpias y eliminando las exenciones obsoletas y los tipos reducidos que actualmente fomentan el uso de combustibles fósiles. Las nuevas normas tienen por objeto reducir los efectos perjudiciales de la competencia en materia de impuestos sobre la energía, contribuyendo a que los Estados miembros obtengan ingresos procedentes de los impuestos ecológicos, que son menos perjudiciales para el crecimiento que los impuestos sobre el trabajo.
Por último, un nuevo mecanismo de ajuste en frontera del carbono pondrá precio al carbono en las importaciones de una selección concreta de productos para velar por que la ambiciosa acción por el clima en Europa no se traduzca en una ‘fuga de carbono’. De este modo, se velará por que las reducciones de emisiones europeas contribuyan a una disminución de las emisiones mundiales, en lugar de impulsar la producción intensiva de carbono fuera de Europa. Con ello, también se animará a la industria de fuera de la UE y a nuestros socios internacionales a adoptar medidas en la misma dirección.
Todas estas propuestas -asegura la Comisión Europea- están interrelacionadas y son complementarias: «necesitamos este paquete equilibrado y los ingresos que genere para garantizar una transición que haga que Europa sea justa, ecológica y competitiva, repartiendo la responsabilidad de manera uniforme entre los distintos sectores y Estados miembros y facilitando más apoyo cuando proceda».
Una transición justa
La Comisión Europea reconoce en todo caso que, si bien los beneficios de las políticas climáticas de la UE superan claramente a medio y largo plazo los costes de esta transición, las políticas climáticas «corren el riesgo de ejercer una presión adicional a corto plazo sobre los hogares vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte». Por lo tanto -asegura-, las políticas del conjunto de medidas incluidas en este paquete Fit for 55 «están formuladas de manera que queden repartidos equitativamente los costes de hacer frente al cambio climático y adaptarse a él».
Además -insisten desde la Comisión-, los instrumentos de tarificación del carbono generan ingresos «que pueden reinvertirse para estimular la innovación, el crecimiento económico y las inversiones en tecnologías limpias».
El presupuesto a largo plazo de la UE para los siete próximos años prestará apoyo a la transición ecológica. El 30% de los programas por valor de dos billones de euros enmarcados en el marco financiero plurianual 2021-2027 y NextGenerationEU se dedican a apoyar la acción por el clima; el 37% de los 723.800 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que financiará los programas nacionales de recuperación de los Estados miembros con cargo a NextGenerationEU, se asigna a la acción por el clima.
