Los países con historia, España la tiene, se diferencian unos de otros por su idiosincrasia y sus costumbres: ritos, credos, lenguas, religiones, hábitos alimenticios, etc. Todo ello configura la vida de los habitantes de ese territorio. Si tenemos en cuenta que España es un país eminentemente marítimo, no nos debe extrañar que la pesca y el consumo de pescado sea uno de los distintivos de su singularidad. El arte de pescar es, además, una actividad ancestral; ya en la Edad Media se capturaban en España sardinas, bonito y otras especies que eran comercializadas no solo en la costa sino también por el interior de la Península. Este arte extractivo practicado en los distintos mares y océanos que conforman la costa española dio lugar al desarrollo de diferentes tipos de aparejos y artes, y a una amplia variedad de especies capturadas, qué, a lo largo de los siglos han hecho de éste país un gran consumidor de pescado y marisco.
Uno de estos mares es el mar Mediterráneo de aproximadamente 3860 kilómetros de longitud y una superficie de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, que se divide a su vez en un grupo de mares menores que bañan las costas de distintos países ribereños. Es un mar de vida, uno de los de mayor diversidad biológica del mundo. Esta riqueza latente fue el acicate que ha servido a los pueblos costeros a desarrollar y perfeccionar los modos y técnicas de pesca hasta llegar a nuestros días.
En la actualidad, la flota pesquera española que opera en el mar Mediterráneo está formada, aproximadamente, por 600 buques de arrastre, 200 de cerco, 30 de palangre y unos 1.000 de pesca artesanal y artes menores, que dan lugar a más de diez mil empleos directos. Al ser un producto primario, podríamos estar hablando de una cadena logística de más de cien mil puestos de trabajos indirectos para llevar las capturas al consumidor. Ante esta realidad, uno se pregunta qué necesitan los gobiernos de este país para defender, en la Comisión de Pesca y en el Parlamento Europeo (Bruselas), esta importante industria extractiva. Porque es evidente que, de seguir cediendo en una negociación tras otra, esta ancestral actividad pesquera está abocada a su desaparición, o a ser prácticamente simbólica, que quizás sea lo que interese a determinados grupos de presión internacionales y permitir así la importación de pescado de terceros países.
REGLAMENTO DE LA UE 2019/1022 DONDE APLICA UN PLAN PLURIANUAL A LA PESCA DE ARRASTRE EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL
Este reglamento prevé reducir año tras año el número de días de pesca hasta llegar en 2025 a alcanzar el objetivo de “la recuperación plena de las especies”. Siguiendo la secuencia establecida, en el 2020 se redujo un 10% los días de pesca sobre los que anteriormente se venían trabajando. En el 2021, la reducción fue del 7%; y en el 2022 se acordó una reducción del 7,5%. Y así seguirá, si alguien no lo para, hasta alcanzar el año 2025.
De seguir con estas rebajas establecidas en la legislación europea se terminaría con la pesca de arrastre española en el Mediterráneo occidental, pues los barcos acabarán faenando entre 140 y 165 días al año, algo realmente imposible para poder sostener la rentabilidad de los barcos. A todo esto, se añade el problema de las tripulaciones que, al no disponer de un salario periódico y estable para hacer frente a sus economías familiares, se irán a buscar otro trabajo, y, cuando llegue el tiempo de faenar, el armador no encontrará marineros profesionales para salir a pescar.
Como se puede observar, la sostenibilidad del esfuerzo pesquero se hace gravitar sobre el pescador cuándo, generalmente, éste es el más interesado en conservar el caladero que es su hogar, del cual ha hecho una forma de vida y lleva viviendo de él generaciones y generaciones. Sin embargo, no se analizan desde la experiencia y desde el punto de vista científico, otras variables, como por ejemplo la contaminación del medio marino, la presión demográfica costera, el cambio climático, la falta de depuración de las aguas, las especies invasoras, etc. que también influyen en la disminución de la pesca disponible.
Es evidente que los modernos barcos de pesca pueden producir con sus nuevas tecnologías una sobre explotación de los caladeros y por ello su actividad debe ser regulada, cuestión que ya nadie cuestiona. Pero, la normativa reguladora del paro biológico, de los TAC, etc. debe ser desarrollada por expertos en la materia que asesoren al político de turno y éste la defienda con ahínco en Bruselas, o donde corresponda. Todo apunta, sin embargo, que se está haciendo lo contrario, a tenor de los resultados que estamos viendo. España, por unas razones u otras, siempre sale de las negociaciones perdiendo cuota o tonelaje de mercado, de forma que el sector pesquero va languideciendo año tras año, y, sino se remedia acabará siendo un pálido reflejo del potencial y la importancia que en su día tuvo.
No puede ser que primen más los intereses políticos que los estudios científicos y el asesoramiento de expertos en el tema. Como ejemplo, tenemos el problema creado a los pescadores de artes menores, a quienes sólo se les permite pescar una cuota mínima de atún rojo al año. La incongruencia de la norma llega a tal esperpento que estos pescadores pueden en unos pocos días agotar la cuota de capturas de un año. Debido a esta absurda regulación, hay zonas del Mediterráneo occidental que están superpobladas de atún rojo y éste devora todo tipo de bancos de peces: sardinas, boquerones, gamba roja, incluso hasta las demersales como la merluza. Ante este desatino, nos volvemos a preguntar por qué no se aumenta la cuota de captura del atún rojo a los artesanales a fin de controlar su exceso. Esta medida propiciaría a la vez el incremento de otras poblaciones de peces y la riqueza de los caladeros.
No resulta conveniente, desde el punto de vista biológico, la saturación de peces de un mismo grupo en un caladero. Así como la tierra necesita ser arada para oxigenarla, la mar necesita que sus especies sean cribadas por los pescadores. Hacen falta normas de pesca basadas en la experiencia de los pescadores y en las investigaciones de los científicos, no en meros criterios del partido gobernante, atento a complacer los intereses dominantes o los que posean mayor capacidad de presión.
Los políticos españoles que participen en la elaboración de la política pesquera común (PPC) deberían cimentar la defensa de los intereses pesqueros españoles en tres líneas básicas: la económica, la social y la ambiental; y no jugar con esta actividad como si fuera un cambio de cromos o un trueque de favores.
NOTA DEL EDITOR. La foto de portada es una acuarela del artista y capitán de la marina mercante Alberto Sánchez Ros
