En sí mismo el hecho constituye un escándalo. Las fuerzas militares no deben en ningún caso actuar de policía para beneficiar a una empresa privada cuyos accionistas obtienen considerables beneficios. La justificación del Ministerio de Defensa de que protegían los intereses de España es manifiestamente falsa. Defendían intereses privados y atacaron con la fuerza militar a unos civiles que legitimamente intrentaban impedir lo que ellos -y muchos más- juzgan un atentado ecológico.
La Armada no está dotada de navíos y armas de gran calibre y personal bien formado, entrenado y organizado para hacer la guerra contra un colectivo civil desarmado que defiende el medio ambiente marino. En todo caso, eso sería labor de las fuerzas de seguridad, polícia y guardia civil, en el caso de que los ecologistas violaran de forma manifiesta el orden público que garantiza el disfrute de las libertades democráticas por parte de los ciudadanos.
La Armada española no se puede permitir dejar jirones de su prestigio en estas escaramuzas que no forman parte de la misión que las leyes le encomiendan. Además, es dudoso que su actuación en pro de Repsol no viole algunos principios y preceptos establecidos por el Derecho y las leyes.
