El actual Gobierno español ha puesto sobre la mesa la voluntad de instalar algunos organismos, institutos y entes públicos en ciudades que no son Madrid. Hace unos meses, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, lanzó la propuesta de ubicar en Valencia el ente público Puertos del Estado.
La idea no es nueva: incontables han sido las voces que desde el siglo XIX clamaban por descentralizar la Administración, vertebrar mejor la nación y aligerar la carga burocrática de la capital. La Administración marítima cuenta con sedes en Madrid que el más simple sentido común hubiera ubicado en una ciudad marítima. Entre otros, es el caso de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), el Instituto Español de Oceanografía, o de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos.
El progreso de las comunicaciones, además, convierte en posible y conveniente, trasladar la ubicación de la Dirección General de Marina Mercante y del ente público Puertos del Estado a ciudades periféricas que verían así incrementada su presencia en la gobernanza del país.
La propuesta contiene muchas y grandes ventajas y pocos inconvenientes. Falta sólo que el Gobierno decida pasar de las palabras a los hechos y demuestre que gobierna con inteligencia y para todos los ciudadanos.
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