En momentos puntuales, el juicio se aviva porque comparece un alto cargo político y crece la curiosidad por saber qué mentiras inventará, qué versión sacará de la chistera y qué será capaz de decir sobre su particular implicación en el desastre. Así sucedió con Alvarez Cascos, con Ángel del Real y con Fernández Mesa. Mentiras, imaginación y la tristeza del mayordomo-florero que presidía el esperpéntico Organismo Rector y que, sin embargo, no sabía nada, no se enteraba de nada y nada decidió.
En otros momentos, la declaración de algún testigo, por ejemplo los profesionales de Smit Salvage, o de algún perito, en especial Felipe Louzán, eleva el tono del juicio, de forma que llega a parecerse a un juicio serio y profesional.
Había ciertas expectativas por oir la declaración de Javier Gárate, capitán de la marina mercante, director de SASEMAR en noviembre de 2002, sobre el papel la autoridad clave y la más importante del salvamento marítimo español. Una autoridad que de forma incomprensible se ha mantenido en silencio hasta ahora. Nada dijo en los siete días que duró el siniestro. Nada dijo en los meses posteriores ni en los diez años transcurridos. ¿Tomó él alguna decisión de calado? ¿Fue ninguneado por los políticos? ¿Tenia acaso mala relación con López Sors? ¿Por qué no se mojó ante la opinión pública y por qué abdicó de su papel profesional? ¿Le mandaron dejar el campo libre para que pastaran en él personajes del estilo brillantina de Fernández Mesa?
Javier Gárate, de nuevo jefe del Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa, probablemente el CCS más importante de Sasemar, compareció ante el tribunal el jueves día 4 de abril. Suscribió con pocos matices lo que ya declaró el ex director general de Marina Mercante: la decisión de alejar el PRESTIGE obedeció a la convicción de que el buque se partiría en cualquier momento y para ganar tiempo y espacio en la recogida del vertido. Pasó de puntillas sobre el deber del Estado de evaluar los daños del buque siniestrado y el deber correspondiente, de acuerdo con el Plan Nacional de Contingencias por contaminación marina accidental, de elaborar un plan de salvamento. Ese deber lo traspasa Javier Gárate a Smit Salvage. Y también evadió la respuesta a las abrumadoras pruebas de la incompetente gestión del Gobierno: por qué el rumbo noroeste, directo al temporal; por qué la negativa a considerar un lugar de refugio si en la mañana del día 14 el buque ya no vertía; por qué detener a un excelente profesional, capitán del PRESTIGE, tras una demostración de coraje y pericia como la que nos ofreció Apóstolos Mangouras.
Algo más valiente estuvo Javier Gárate cuando confesó que las confusas maniobras del RIA DE VIGO en la tarde del dia 13 de noviembre de 2003 le llevaron a plantearse seriamente la denuncia del contrato que Remolcanosa, armadora del RIA DE VIGO, tenía suscrito con Sasemar. Algo es algo. El papel del remolcador RIA DE VIGO constituye una pieza clave en la nebulosa acusación de desobediencia a la autoridad que se imputa al capitán del PRESTIGE. El dueño de Remolcanosa recibió del director general de Marina Mercante una extrañísima llamada telefónica en medio del caos de la tarde del dia 13 de noviembre de 2002, que según un comunicado oficial del Gobierno tenía por objeto recordarle los deberes contractuales firmados. Recordarle al RIA DE VIGO sus deberes, ¿a santo de qué? Javier Gárate tal vez lo sepa, pero no llegó a tanto su valor. Una pena. Quizás otro día.
