Interior detiene a 22 personas e imputa a 851 por falsificación de titulaciones náuticas deportivas

La Guardia Civil ha intervenido, además, documentos falsificados que habilitaban para navegar a una distancia de 150 millas náuticas manejando embarcaciones de recreo a motor de hasta 24 metros de eslora, es decir, la licencia de patrón de yate, según la última regulación impulsada por la Dirección General de la Marina Mercante.

La operación se inició en el mes de octubre del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una persona relacionada con el mundo náutico y de la mar estaría proporcionando títulos como patrón de yate, patrón de embarcación de recreo y de patrón de navegación básica, previo pago de cierta cantidad de dinero para poder tripular distintas clases de embarcaciones sin que las personas se tuvieran que examinar.

Posteriormente, los agentes pudieron determinar la existencia de un entramado en el que distintas entidades relacionadas con el mundo de la náutica, estaban lucrándose mediante la falsificación de titulaciones para que las personas que habían pagado por obtener la titulación alcanzaran su objetivo.

Asimismo, se pudo comprobar con distintas administraciones autonómicas que se estaban expidiendo gran cantidad de titulaciones, sin que, en la mayoría de los casos, los titulares de las mismas figuraran en sus bases de datos y contaran con una copia del examen realizado por ellos.

ANEN considera “absolutamente reprobables” las falsificaciones

Desde la patronal del sector náutico nacional, ANEN, se ha tachado de «absolutamente reprobable la conducta de quienes hayan participado en la trama de falsificación de titulaciones náuticas».

Para la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, “representamos los intereses de un sector industrial y empresarial que se rige por las buenas prácticas tanto en el desarrollo de su actividad empresarial como en el respeto por el marco legislativo que la regula”, ha señalado el secretario general de la entidad, Carlos Sanlorenzo, en un comunicado.

Según Sanlorenzo, “este tipo de fraudes cometidos por quienes de forma aislada hayan podido actuar al margen de la Ley, perjudican seriamente la imagen y el buen hacer de un sector cuyo impacto económico es estratégico para el turismo en España, tanto nacional como internacional”.

En este sentido, desde ANEN, se han querido destacar las buenas relaciones que el sector de la náutica ha alcanzado con la Administración en estos últimos años, en los que se han conseguido importantes avances para equiparar la regulación del sector náutico con la de nuestro entorno europeo, como ha sido la nueva normativa de las titulaciones náuticas (en vigor desde octubre de 2014). En este sentido, la patronal del sector náutico reconoce la labor de la Guardia Civil y de las administraciones autonómicas que han trabajado en la investigación y denuncia de esta trama.

Un fraude a la carta y falta de medios de control

Según la Guardia Civil, previo pago de una cantidad de dinero (que algunas fuentes citan entre 200 y 2.000 euros), el falso patrón recibía un sobre cerrado con el título y la documentación correspondiente sin haberse presentado a examen. En otros casos, en los organismos figuraba el interesado como ausente o no presentado y sin embargo recibía los mismos documentos. En otras ocasiones, el interesado recibía la plantilla de examen y la hoja autocopiable con las respuestas correctas.

Por otro lado, estaban las personas que formaban parte de los supuestos tribunales examinadores, donde en la misma fecha y con una diferencia de dos horas, estas personas figuraban como parte del tribunal de dos o más provincias. Los agentes han podido constatar que algunas de las personas que componían estos tribunales habían sido coaccionadas y amenazadas  por los presidentes de las federaciones para que accedieran al fraude y así poder conservar su empleo.

Se da el caso que, además, la Guardia Civil del Mar falta de medios de comprobación de datos, no pueden acreditar en el momento la validez de una titulación náutica, a diferencia de lo que ocurre en el servicio terrestre con la titulación de conducción de vehículos, por lo que algunos afectados que podían creer válida su licencia habrían conocido el fraude en el momento de la renovación.

Por otro lado, Interior también destaca la participación en el fraude de una persona, que bajo la apariencia de una colaboración altruista con los servicios de Protección Civil del ayuntamiento gaditano de San Fernando, facturó en al menos tres ocasiones al consistorio unos gastos de formación, derechos de examen, alquiler de local y practicas a los voluntarios de este servicio municipal, cantidades cercanas a los 9.000 euros, cuando en realidad, los supuestos exámenes se realizaron en la sede de un club deportivo de pesca, de manera gratuita, y no se abonó tasa alguna, ya que las titulaciones eran falsas.

Además, la Guardia Civil ha podido constatar que las personas que se hicieron con las titulaciones falsas han estado navegando por aguas españolas con atribuciones de capitanes de yate careciendo de los conocimientos necesarios para ello, ya que no participaron en los correspondientes cursos formativos ni superaron las pruebas que habilitan para estos fines.

Según Interior, en la Operación Sextante, se han visto afectadas, algunas a modo consultivo, las consejerías de Agricultura Pesca y Alimentación de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Catalunya, Valencia, Murcia, País Vasco, Asturias y Galicia, así como las de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, la Federación Española de Motonáutica, la Federación Española de Vela, o la Federación Andaluza de Vela.