La iniciativa responde al miedo de los políticos por cuanto hace a los siniestros marítimos, un tema que desconocen y que alarma a la opinión pública. Mal consejero, el miedo. Inspeccionar todos los buques que lleguen a puertos europeos, se supone que una vez cada seis meses, salvo excepciones, constituye un objetivo muy difícil de cumplir. Requiere multiplicar los actuales servicios de inspección, incorporando un buen número de nuevos inspectores e inyectando un montón de dinero público. No importa, la crisis que la paguen los enfermos (recortes en sanidad), los alumnos (recortes en enseñanza), y la sociedad entera que confía en los servicios hasta ahora provistos por el Estado: justicia, seguridad, orden público, etc.
Ahora bien, ¿alguien cree que ese esfuerzo económico, puro gasto, va a tener efectos relevantes sobre la siniestralidad marítima? La mayoría de las inspecciones MOU se limitan a un control de la documentación del buque: certificados oficiales exigidos por los convenios de la OMI, certificado de clase, títulos y certificados de los tripulantes; y como mucho a un control del estado visible de los medios de salvamento, de las puertas estancas y de algunos medios mecánicos de achique y de prevención de la contaminación. Un control significativo, pero insuficiente. Todos los barcos que han sufrido un grave accidente, el Prestige o el Erika, por mencionar dos ejemplos recientes, contaban con una documentación completa y en vigor.
Los inspectores MOU, que hacen su trabajo mientras el buque está operando, no pueden verificar el estado del casco ni del timón ni de la máquina principal, ni los conocimientos reales de la tripulación en materias náuticas y ante emergencias (varada, colisión, abordaje, incendio, vía de agua, corrimiento de carga y otros).
La investigación de los accidentes marítimos nos muestra que las causas que provocan la mayoría de los siniestros no se resuelven con más inspecciones MOU. Para combatir una plaga de pulgas no vale con retirar las mantas de las camas, a riesgo de resfriarnos. Hay que desinsectar. Es decir, resolver el problema que plantean los certificados del buque contratados por la naviera en un mercado de empresas privadas que compiten entre sí por ofrecer certificados bonitos y baratos, y acabar con la proliferación de banderas empeñadas en facilitar a los armadores la máxima impunidad al menor coste. Lo demás, ya tenemos experiencia, servirá de poco.
