Paulatinamente se fueron sumando a la huelga los puertos de Mejillones, San Antonio, Iquique, Antofagasta, Chañaral, Huasco y Caldera.
El conflicto tomó visos de problema nacional a partir de la convocatoria de huelga indefinida por los sindicatos de los trabajadores del puerto de San Antonio, el más importante de Chile, tanto más cuanto es el único que por su calado permite la entrada de grandes portacontenedores, con el agravante añadido del incremento de contenedores para la exportación hortofrutícola durante los meses del verano austral.
La patronal e instituciones
El presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile, Cristián Allendes, señaló que solo el paro en el puerto de San Antonio provoca pérdidas semanales de 40 millones de dólares al gremio. En entrevista televisada manifestó que la situación “afecta a más de 800.000 personas”, añadiendo “somos el jamón del sándwich” refiriéndose a sentirse en medio de las partes en conflicto, no obstante sin poder de decisión para resolverlo.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes señaló, “Estamos preocupados por esta situación que está afectando las exportaciones e importaciones en los puertos de Talcahuano, Angamos (Mejillones), Iquique y San Antonio”. En declaraciones al vespertino La Segunda, Mewes dijo que “el daño que se está generando hoy día es muy grande y afecta a la imagen internacional de Chile de manera brutal”.
El presidente de la Asociación de Exportadores de Chile, Ronald Bown, aseguró, tras reunirse con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que el Gobierno evalúa la posibilidad de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado por el paro portuario que se desarrolla en gran parte del país.
Merced a su calculada ambigüedad, que permite muchas interpretaciones, la Ley de Seguridad Interior del Estado, promulgada en 1975, en la época más dura del pinochetismo, contempla penas desmesuradas si las autoreidades consideran que se han producido alteraciones del orden público.
“Nos interesa una solución prácticamente inmediata”, dijo Bown, quien agregó que en una reunión de directorio evaluarán posibles acciones legales contra los trabajadores portuarios.
Señaló como ejemplo que si la fruta que espera en los puertos para ser embarcada llega a Corea después del 30 de abril “se pierde toda posibilidad”, porque tienen “que pagar un impuesto sobre el 40 %” y si a México no se llega antes del 15, “sencillamente la fruta no puede ingresar”.
Según el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz, la huelga afecta la credibilidad de Chile, mientras el titular de la Sociedad de Fomento Fabril, Hermann von Mühlenbrock, consideró que es ilegal.
La Cámara Nacional de Comercio cuantificó que las importaciones y exportaciones retenidas suman más de 200 millones de dólares.
Mientras que la Cámara Aduanera de Chile estimó que el Estado dejó de percibir más de 100 millones de dólares en impuestos y gravámenes al comercio exterior, además de detenerse o desviarse mercancías valoradas en más de 700 millones.
El sector portuario
San Antonio Terminal Internacional S.A. (STI), empresa concesionaria del puerto de San Antonio, expresó a través de un comunicado de prensa su profunda preocupación por el paro laboral, considerándolo ilegal. “Lamentamos que una demanda planteada por los trabajadores portuarios en conflicto al Gobierno de Chile, se exprese por esta vía completamente arbitraria e improcedente. Este paro no sólo nos impide brindar los servicios comprometidos a nuestros clientes, sino que afecta directamente los intereses de los sectores exportador e importador del país”, indica en su declaración.
La empresa añadió que “igualmente inquietante resulta el hecho de que se trata de una materia que involucra a todo el sector portuario del país, sin que exista a esta fecha un mecanismo de resolución institucionalizada a este tipo de conflictos, los cuales tienen un impacto transversal, con el potencial de dañar a amplios sectores de nuestra economía, amenazar importantes fuentes de empleo que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria y deteriorar la competitividad y reputación de Chile”.
STI manifestó que el conflicto deberá ser dirimido exclusivamente por las instancias jurisdiccionales competentes, como corresponde en un estado de derecho, en caso de que las conversiones en curso entre los trabajadores y el Gobierno no prosperen.
A tenor de lo manifestado por STI se podría creer que las partes en disputa son solo dos, los trabajadores y el gobierno de la nación, si no fuese la STI la entidad que contrata a los estibadores y no estuviese al corriente de la precariedad de la situación laboral y social de éstos.
El organismo rector del puerto de San Antonio, la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), entidad de titularidad pública al “100%”, reseña, en su página web, fundamentarse en los valores, entre otros, de “excelencia operativa, trabajo en equipo, compromiso con el desarrollo de las personas, armonía de la comunidad local y el medioambiente y vocación de servicio público.” Así como se obliga a “Implementar una política de Responsabilidad Social Empresarial (…) tendiente a mejorar sus políticas internas y externas de funcionamiento.”
Consecuentemente, se entiende que EPSA, como gestora del puerto en su conjunto no sea ajena al conflicto. Y lo mismo el Gobierno.
El Gobierno
Para el ministro de Agricultura, Luis Mayol, «este es un problema entre los trabajadores y las empresas portuarias que son privadas. El Estado tiene toda la voluntad de tender los puentes que sean necesarios para ayudar al diálogo, pero no es un actor que pueda solucionar el problema desde el punto de vista económico (…)”. El ministro enfatizó que el gobierno “solo actúa conforme a la ley”, para añadir, «las empresas portuarias tienen la obligación de prestar un servicio, para lo cual tienen que llegar a un acuerdo con sus trabajadores», agregando que hoy ese servicio “no lo están prestando y esto está generando un tremendo perjuicio a todo un sector que es emblemático en Chile, que tiene 600 mil trabajadores (…)”.
Advirtió, asimismo, que a raíz de este conflicto “hay una imagen del país que está comprometida».
Consultado acerca de los orígenes de las demandas de los trabajadores portuarios de San Antonio, el ministro desestimó que el paro tenga una motivación política, aunque indicó que se trata de una presión injusta.
«Es huelga ilegal y cuando se dan ingredientes de ilegalidad y de presión, que algunos llaman chantaje, (…) en plena exportación de fruta, yo casi la llamaría delictual», calificó Mayol.
Los sindicatos
El sindicato de trabajadores de la Unión Portuaria de Chile, apoyado por líderes estudiantiles y la Confederación Bancaria, denunció, a mediados de diciembre, ante el ministerio del Trabajo que la empresa portuaria Ultraport -de la familia Von Appen- «ha obstaculizado el proceso de negociación colectiva y limitado la libertad sindical en connivencia con Inspección del Trabajo».
El 23 de diciembre comenzó la huelga legal del Sindicato n°2 de Trabajadores Portuarios Unidos, que involucra a más de 200 trabajadores de los puertos de Angamos, Mejillones, Antofagasta, Coloso y Esperanza. Al respecto, el líder del Frente de Trabajadores Portuarios de San Antonio, Sergio Vargas, puntualizó que pasados los 15 días hábiles que permite la ley para la negociación colectiva, los trabajadores portuarios de todo Chile pararían.
En cuanto al apoyo estudiantil, Sebastián Aylwin, vicepresidente de la Federación de estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), enfatizó que seguirán respaldando a los diversos sindicatos por la defensa y lucha de sus derechos.
“Queremos recuperar la soberanía de nuestros recursos naturales, de la educación. Creemos que es un proceso que todo Chile ha comenzado a dar y tenemos que unirnos, porque este es un proceso por el cual recuperaremos nuestras vías, recuperaremos nuestros derechos, que han sido usurpados durante 30 años y entregados al mercado y a unas pocas familias que hacen con ellos lo que quieren. Sentimos que su lucha, es también nuestra, que seguirá vigente hasta que tengamos educación pública, gratuita y de calidad y recursos naturales que estén entregados a todos los chilenos”, señaló.
El presidente de la Confederación Bancaria, Luis Mesina, manifestó que “la institucionalidad que le da el sustento al Estado chileno es la que ha permitido estas prácticas. El ordenamiento jurídico, el Código del Trabajo, el poder Legislativo –que es decorativo en este país-, todo este país está diseñado para que los grupos de poder puedan aplicar sus planes estratégicos de concentración de la economía sobre la explotación más brutal que se hace en Chile, eso es lo que permite que los empresarios de Chile se pavoneen exhibiendo resultados ante sus pares, pero esconde la miseria tras esos resultados”.
Por su parte, Vargas rechazó las críticas de la patronal al manifestar que «los empresarios están acostumbrados a que el Estado les resuelva sus problemas (…) Los trabajadores de muchos puertos les hicieron sus peticiones a las empresas y ellos no atendieron la petición».
Vargas advirtió que el 85 % de los puertos de Chile están paralizados cifra que podría aumentar ya que, según explicó, han tomado “contacto con los sindicatos de la terminal portuaria de Valparaíso para que se adhieran a la movilización”.
Vargas exigió el pago retroactivo a los empleados de San Antonio en concepto de colaciones (comidas de mediodía) desde 2005 hasta 2013, como acordaron con el gobierno el pasado año.
Los dirigentes sindicales del puerto de Angamos, donde se inició la medida de fuerza, acusaron a la empresa Ultraport de impedir la sindicalización de los trabajadores de planta y de los llamados eventuales, cuyos contratos están entre los más precarios del sistema laboral chileno. Afirmaron que la principal exigencia de los trabajadores portuarios de la zona, es la habilitación de un horario para una colación “digna”, es decir, de media hora para un turno de 7,5 horas, como corresponde a la ley del trabajo.
La Unión Portuaria del Bio Bío, que agrupa a los sindicatos de trabajadores de las instalaciones de San Vicente, Talcahuano, Huachipato, Coronel y Schwager manifestó que si el empresariado y el gobierno quieren poner fin a la situación deben estar dispuesto a dialogar «y solucionar las históricas demandas que tenemos los trabajadores del sector».
