Los estibadores y las empresas se sienten engañados y traicionados por un Gobierno que el viernes volvía a presentar, de nuevo de manera unilateral, el mismo decreto derogado, con mínimos cambios y maquillaje en el lenguaje, pero sin sutilidad (ver en este enlace su publicación en el BOE) para ver si sus negociaciones con otras fuerzas parlamentarias surten esta vez efecto y este próximo jueves, día 18, la Cámara Baja aprueba la artimaña. Lo harán tres días antes del congreso del Partido Socialista, con el apoyo de regionalistas canarios y nacionalistas vascos, con Ciudadanos actuando como marca blanca y, –ojalá nos equivoquemos- la abstención de los diputados catalanes del PDeCAT. Sin duda una maniobra de los bajos fondos –políticos-.
Y, lo que es más grave de todo no es la unilateralidad del Ejecutivo central, sino la consecuencia previa de ésta: Íñigo de la Serna se había comprometido a dejar leer –y aportar mejoras- el borrador del texto presentado el viernes al Consejo de Ministros a los trabajadores y a las empresas y, una vez más, ha vuelto a mentir.
En unas líneas expondremos la opinión de empresas y trabajadores. Por lo pronto, y aunque pueda parecer lo contrario, también es una sonada derrota para un Gobierno que, iniciando una liberalización del sistema de estiba pretendía preparar el camino para acometer una reforma general del sistema portuario y convertir a España en la Grecia del Mediterráneo occidental. José Llorca (el desaparecido presidente de Puertos del Estado –no por fallecimiento, sino por inactividad pública desde que saltara el conflicto) y el plenipotenciario secretario de Estado Julio Gómez-Pomar, querían ir más allá de lo que proponía el Tribunal de Luxemburgo con su sentencia y se han encontrado todo tipo de trabas, de empresas, trabajadores y sociedad en general (también de la clase política) para lleva a cabo sus maquiavélicos planes. De una u otra manera debería ser cesados por el presidente del Gobierno, junto al flamante ministro. Pero no se atreverá a hacerlo.
Entrando en la opinión de los trabajadores (de todos los sindicatos implicados en este proceso), son muy claros al expresar que el decreto presentado el viernes y publicado en el BOE no debería seguir y tendría que volver a derogarse de nuevo. El motivo es simple: por un lado nadie desde Fomento se ha puesto en contacto con ellos para modificar y aportar sus necesidades en el decreto y, por otro, y más importante, éste continúa sin aportar el plan para mantener los puestos de trabajo. El Gobierno lo sigue fiando todo a un acuerdo convenial que podría –o no- llevarse a Decreto que cuelgue del anterior.
Desde la estiba se reconoce que el decreto avanza –mínimamente- al anterior, por cuanto los estibadores tendrán la potestad de la manipulación de los vehículos nuevos. Sin embargo no es suficiente: la principal demanda, la subrogación de los empleos (que es, en suma, la única garantía que tienen para no perder sus puestos de trabajo), no ha entrado en el RDL.
El Gobierno lleva falseando la realidad desde hace tres meses. NAUCHERglobal ha sido un altavoz muy tenido en cuenta desde marzo para explicar esta realidad. Bruselas no ha multado a España. Ni lo hará… pese a que desde Fomento llevan tiempo diciendo lo contrario. Este decreto es para los trabajadores «una muestra más de autoritarismo y falta de respeto por quienes han convertido los puertos españoles en una industria próspera, motor de la economía del país». Mientras no lo han aprobado, el Ejecutivo ha utilizado a sus voceros –no oficiales- para desprestigiar a los estibadores.
En este ámbito «reiteran los estibadores su voluntad de acatar la sentencia europea, como no puede ser de otra forma, pero que se haga desde el pacto y la conveniencia para todo el sector». Lo llevan haciendo desde hace tres meses.
Las empresas tampoco están contentas tras haber sido ninguneadas. El decretazo no ofrece en qué condiciones tienen que formar parte de los Centros Portuarios de Empleo, los sustitutos de las Sagep, ni cómo deben proceder las nuevas concesionarias que lleguen a los puertos españoles. Si lo hacen desatendiendo al resto podría incurrirse en una merma en la competitividad para las que ya forman parte del sistema portuario estatal. Tampoco saben desde Anesco con qué fondos acometer cambios. No se habla de ayudas concretas ni a quién recurrir.
El triste resultado ya lo conocerán, pero es bueno recordarlo: votación el jueves en el Congreso y huelga de ocho jornadas alternas –lunes, miércoles y viernes- en horas impares, prevista en el preaviso presentado el pasado sábado, tras la publicación del RDL en el BOE.
Las palabras de Antolín Goya son duras, pero sinceras y verídicas: «el Gobierno esconde un expediente de regulación de empleo para más de 6.000 trabajadores organizados y con capacidad de negociación colectiva». Además, “los trabajadores exigirán a las empresas del sector el reconocimiento del trabajo de estiba y sus derechos”.
Desde el ministerio siguen manteniendo silencio: Llorca sigue escondido, Gómez-Pomar inaugurando restauraciones de baluartes en Ibiza y De la Serna a la espera que sus negociaciones fructifiquen y el jueves se dé vía libre a uno de los mayores atropellos a la libertad de los trabajadores de la democracia en España.
