Sevasa, a través del comunicado hecho público ayer, informó sobre el estado actual de las negociaciones del convenio colectivo de la estiba en el puerto de Valencia. Tras exponer su visión, justificaban su solicitud de apoyo a Anesco por entender que, por una parte, las diferencias entre las partes exceden el ámbito local y, por otra, la dimensión y liderazgo del puerto de Valencia lo configuran como modelo para los futuros acuerdos que se firmen en el resto de puertos españoles.
Para la sociedad de estiba valenciana, las negociaciones de los últimos meses –incluida la aceptación de la mayoría de demandas de los estibadores en cuanto a cumplimiento de jornada, condiciones económicas, revisión salarial o medidas de salud laboral, entre otras– han conseguido que, ahora mismo, este acordado algo más del 90% del contenido del convenio. Sin embargo, quedan pendientes dos aspectos fundamentales: los ámbitos personal y funcional del mismo.
El ámbito personal determina qué trabajadores y qué empresas estarán afectados por el presente texto, mientras que el carácter funcional del acuerdo es el que establece cuáles son las actividades reguladas por el convenio. En este aspecto, se recuerda que la ley de Puertos del Estado y Marina Mercante no reconoce como tareas portuarias las actividades complementarias. Por ello, la sociedad de estiba entiende que las empresas estarían incurriendo en una práctica no contemplada ni por la legislación española ni por la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Por otra parte, las “múltiples alternativas” propuestas por las empresas, respetuosas todas ellas con la normativa legal vigente, han sido rechazadas por los representantes sindicales.
La patronal valenciana denuncia que la parte social ha condicionado la apertura de la bolsa de trabajo estival, unos 300 empleos, a la firma del convenio, extremo calificado de “injusto” por Sevasa. En caso de no abrirse la citada bolsa de trabajo, se estima que, al quedar la plantilla reducida en un 40% por el periodo vacacional, no se podrá garantizar la atención al tráfico previsto para estos meses, con el consiguiente impacto que ello tendría. Parte de esa repercusión es ya visible, de acuerdo con el comunicado, ya que en la actualidad hasta un 30% de tráfico se está desviando, sobre todo a los puertos de Castellón, Sagunto y Barcelona.
Uno de los temores de la patronal radica en la posibilidad de que, de no resolverse la situación en el puerto de Valencia, la desviación de tráficos aumente e, incluso, pase de transitoria a permanente, no obstante reconocer que esa alternativa aumenta los costes de producto tanto al importador como al exportador. Como efecto directo, ese hipotético descenso permanente del tráfico podría llegar a afectar a los trabajadores portuarios, no solo temporales, sino también a los de plantilla. Ello provocaría un eventual excedente de trabajadores fijos por primera vez en el último quinquenio. En la actualidad, el sector cuenta con unos 19.800 empleos, de las cuales 11.000 directos, 2.000 indirectos y casi 7.000 inducidos.
Desde el otro lado de la mesa de negociación, en su “Contestación al comunicado de Sevasa sobre el convenio colectivo del puerto de Valencia” fechado hoy, Coordinadora-SOMT ve la difusión del comunicado de la sociedad de estiba del puerto de Valencia como un acto de “mala fe”, claramente indicativo de que se “pretende romper la negociación y el acuerdo alcanzado”.
Acusa también a las empresas estibadoras del puerto de Valencia de haber mentido al dar el visto bueno al acuerdo técnico de los asesores de la redacción del convenio colectivo (incluidos los ámbitos) y al informar a los estibadores a posteriori que los representantes del puerto de Valencia no estaban capacitados para firmar el convenio, por lo que se remitiría a Anesco para su ratificación por los máximos responsables estatales de las empresas.
Esta subordinación jerárquica de los cargos empresariales valencianos se ha interpretado como “incapacidad o incompetencia”, ya que Coordinadora esperaría que los responsables locales disfrutaran de atribuciones para firmar un convenio colectivo cuyo texto viene avalado por “multitud de técnicos de diversos despachos de abogados y de profesores universitarios”.
Por otra parte, el sindicato de estibadores ataca en su escrito la afirmación patronal de que se han aceptado la “totalidad de los requerimientos y solicitudes de la parte social”, negando tal extremo. De hecho, el comunicado de Sevasa no hablaba de “la totalidad”, sino de “prácticamente la totalidad de los requerimientos y solicitudes”, matiz que no se refleja en la interpretación sindical.
Con respecto a la cobertura de los servicios de estiba y desestiba durante el verano, Coordinadora achaca la falta de operarios al hecho de que, de los 160 trabajadores que, en noviembre de 2015, empresas y sindicatos del sector (con el informe favorable de la Comisión Paritaria) acordaron que se incorporarían, 85 aún están pendientes de hacerlo, exculpando así a los trabajadores de cualquier intento de bloqueo a la apertura de la bolsa estival de trabajo.
Coordinadora-SOMT, por añadidura, desmiente de forma taxativa la existencia de conflicto alguno. No obstante, recuerda que, antes de que este asunto fuera trasladado a Anesco, los trabajadores ya pidieron la incorporación de la negativa empresarial a firmar el preacuerdo sobre el convenio colectivo al orden del día de la Comisión Paritaria Estatal, prevista para el 20 de julio próximo.
