Esta es la primera conclusión de un extenso informe publicado por la organización no gubernamental Greenpeace, realizado diez años después de la catástrofe medioambiental y coincidiendo con el inicio del juicio.
Para la ONG, «los responsables de la catástrofe no se sentarán en el banquillo». En este sentido, como «ninguna de las responsabilidades es exigida por la Justicia ni asumida por sus responsables» para Greenpeace «otro PRESTIGE es posible». Dada la naturaleza de la ONG, sus responsables llegan a esta conclusión en base a criterios preferentemente medioambientales y cargan contra la dependencia del petróleo. «Nuestro modelo energético debería estar basado en inteligencia, eficiencia y al 100% en renovables», añaden.
Incidiendo en el elemento medioambiental, para la organización el petróleo desde su extracción, transporte, y consumo, genera «irreparables e inevitables y permanentes impactos ambientales», y su utilidad en el sistema energético puede ser sustituida por otras alternativas.
Es por este motivo que otra de las conclusiones hace referencia al desconocimiento del alcance de los impactos «porque en todo este tiempo no se ha elaborado ningún estudio integral de la caracterización, evaluación y cuantificación de todos los impactos de la marea negra del PRESTIGE”.
Una de las autoras del estudio, Raquel Montón, analiza en el tercer capítulo del informe que la gestión dejó al descubierto «grandes» carencias sobre las responsabilidades ante las catástrofes ambientales y, en concreto, las derivadas del Derecho penal y marítimo”. También las carencias en la gestión del buque en la catástrofe, tales como «la falta de responsabilidad en el transporte de hidrocarburos, las carencias en la seguridad y el salvamento marítimo, así como en la lucha contra la contaminación». Y hace referencia a la toma de las primeras decisiones. No obstante, a lo largo del informe, Greenpeace deja claro que, a su juicio, la responsabilidad debería recaer en el personal político de tierra antes que en el capitán y los oficiales del barco.
En este sentido, en otro de los capítulos se explica el bloqueo informativo del Gobierno que utilizó «la falta de detalles, la prohibición de hablar a los funcionarios y la repetición de mentiras de manera pertinaz y sistemática».
En este informe (que publicamos adjunto en formato pdf) es interesante observar la cronología de los acontecimientos: desde cómo fue el Gobierno el que tomó la decisión de alejar el buque de la costa, o cómo «hubo que detener al capitán del petrolero, Apostolos Mangouras -dos días después de haber dado aviso a las autoridades costeras españolas-, evacuar a toda la tripulación y movilizar a los remolcadores de Salvamento Marítimo, que arrastraron al PRESTIGE mar adentro en una sinuosa travesía que primero puso rumbo hacia el norte y después hacia el suroeste», desoyendo las recomendaciones dadas por el propio Mangouras.
Para Greenpeace, comentando la sentencia del Tribunal de Nueva York, «los jueces norteamericanos se han lavado las manos en el pago de indemnizaciones y la factura se eleva por encima de los 1.000 millones».
Greenpeace reclama en su informe una modificación en el régimen de responsabilidad en el transporte marítimo: «Esta responsabilidad debe ser ilimitada a lo largo de toda la cadena de transporte, incluyendo a los dueños de la carga. Así como la modificación en la normativa para asegurar que los Estados de pabellón cumplan estrictamente las normativas y aquellos países que incumplen impunemente la legislación sean sancionados”.
