Este informe, que ha sido elaborado por los investigadores Mar Cerbán y Juan Ortí destaca que el sistema portuario español en cuanto a la parte donde la Administración pública ejerce su influencia (Puertos del Estado y las autoridades portuarias) tienen una influencia mayor de lo que puede sugerir su escaso protagonismo en la actividad económica directa. Para los autores, aunque la responsabilidad del grueso de la actividad económica de la mayoría de los puertos corresponde a los agentes y operadores privados, el papel del sector público, como propietario del suelo y regulador le concede un peso decisivo en el funcionamiento del sistema con una responsabilidad muy superior a lo que puede sugerir la generación directa de valor.
En este sentido, a modo de crítica, reflejan como podría pensarse que dado que los servicios de practicaje, remolque y amarre de buques, servicios al pasaje, manipulación y transporte de mercancías, reparaciones, suministros y recepción de desechos generados por buques corresponde en su mayoría a los operadores privados, las autoridades portuarias tienen un papel secundario el sistema portuario, la cual cosa es radicalmente opuesta.
Para los autores del estudio, la cuestión relevante es “si el esquema actual de Puertos del Estado- Autoridades Portuarias responde a las necesidades actuales del sistema o si existe un diseño institucional alternativo que permita una mayor eficiencia en el conjunto del sistema portuario español”.
Asimismo apuntan a que “en España se han realizado inversiones en infraestructuras portuarias que no se justificaban de acuerdo con predicciones razonables de demanda, dando lugar a sobrecapacidad portuaria y a los extra costes que ese problema conlleva”. Así, “Puertos del Estado es planificador y regulador, con responsabilidades que a veces colisionan con las autoridades portuarias, que en el diseño institucional actual a veces no comparten los mismos incentivos”.
En cualquier caso, el estudio (adjunto en pdf) refleja que los intereses y objetivos del sector público y el privado no son necesariamente coincidentes, lo que exige reglas del juego claras e incentivos adecuados y una separación clara de funciones y responsabilidades, algo que ahora no existe en muchas autoridades portuarias y menos en Puertos del Estado.
Así, reclaman que en el diseño institucional sea un valor esencial que las decisiones de inversión y tarificación no estén separadas de sus consecuencias económicas, y por supuesto que los elementos de planificación del conjunto queden perfectamente delimitados sin interferir en la gestión de los puertos individualmente considerados.
Según el documento, y en referencia a España, “los puertos representan una parte importante de la economía del país y, aunque el sistema portuario goce de una buena rentabilidad, está perdiendo atractivo para los operadores privados debido a que se está perdiendo competitividad con respecto a los países de nuestro entorno, principalmente a puertos vecinos como los de Tánger Med, Sines y Gioia Tauro”.
En este sentido, se «debe cambiar el modelo de gobernanza portuaria dado que el actual modelo, ha perdido la competitividad necesaria en un sector altamente exigente, que demanda una constante adaptación a las condiciones de mercado. Del mismo modo, el modelo de gobernanza portuaria español carece de libre competencia en la prestación de algunos servicios y la legislación ha de ser adecuada a la normativa europea en materia de libre mercado».
Para Fedea, España debe acometer una profunda reestructuración del sistema que definen en 5 niveles:
– Cambio del modelo de organización: racionalización y especialización portuaria. Reducción de los puertos de interés general y de las autoridades portuarias.
– Cambio del modelo de gobernanza: evolución a un modelo nuevo basado en la corporatización de gestión público-privada de los puertos españoles de interés general, con la unificación de autoridades portuarias bajo el amparo de corporaciones o fachadas marítimas (logistics authorities).
– Cambio del sistema de planificación portuaria: planificación del sistema portuario español bajo una estrategia estatal única y común, basándose en estudios de demanda y mercado.
– Liberalización de la estiba: eliminación del modelo actual, liberalizando el sector e instaurando la libre competencia en los servicios de estiba y desestiba. Definición de un modelo nuevo que elimine la relación laboral especial y el control de acceso a la profesión.
– Libre competencia de los servicios técnico-náuticos: definición de un modelo nuevo de concesiones públicas para los servicios técnico-náuticos que permitan la libre competencia.
Para los autores del estudio, “las estrategias acerca de la gobernanza portuaria tienden a la racionalización portuaria, a la descentralización y a la introducción del sector privado en la gestión integral de los puertos (corporatización). La globalización del mercado hace necesaria una orientación hacia la libre competencia en los servicios portuarios, teniendo como objetivo final mejorar la competitividad y la eficiencia del sistema portuario español”.
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