Malas noticias para el sector marítimo y, sobre todo, para el medio ambiente. Aunque aún haya quienes lo nieguen, el cambio climático es una realidad incontestable. El pasado viernes 17 de octubre fue un día negro para la Organización Marítima Internacional (OMI), ya que de forma inesperada, se decidió no adoptar las medidas previstas contra el cambio climático y la descarbonización del transporte marítimo, posponiendo su adopción durante un año. Una decisión difícil de entender, sobre todo, considerando que dichas medidas ya habían sido aprobadas en abril, con 63 votos a favor y 16 en contra.
Desde hace años, la OMI ha mostrado su compromiso con la descarbonización de la flota mercante mundial mediante diversos estudios y acciones. Primero, cuantificó las emisiones de CO2 del transporte marítimo; luego, incorporó enmiendas al convenio Marpol que permitieron reducir de forma significativa los niveles de contaminación atmosférica.
Asimismo, ha impulsado el uso de nuevos combustibles menos contaminantes, tecnologías de propulsión y equipos auxiliares más eficientes, así como medidas destinadas a reducir la huella de carbono del sector. Todo ello, se enmarca en su objetivo global de alcanzar cero emisiones netas para 2050, una meta aprobada anteriormente en su estrategia de 2023 sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques, la cual requiere de unas medidas que ahora han sido inexplicablemente aplazadas.
Lo más llamativo es que todo el sector marítimo internacional — organizaciones como ECSA, ICS, IBIA o incluso el secretario general de la ONU — apoya este objetivo. Por primera vez, el transporte marítimo podría contar con un panorama global unificada, beneficiosa para todos y potencialmente aplicable a otros modos de transporte.
Actualmente, la Unión Europea aplica su propia normativa regional para alcanzar la neutralidad climática, mucho más estricta y punitiva que la que propone la OMI. Solo en 2024, esta normativa recaudó más de 1.000 millones de euros, sin que todavía se haya aclarado su destino. El hecho de que solo la UE imponga tasas por emisiones provoca un desequilibrio tanto en el mercado marítimo mundial como a nivel económico de forma global, ya que muchos armadores optan por evitar puertos europeos en favor de otros libres de cargas por descarbonización.
Esto podría incentivar que otras regiones adopten normas menos exigentes—o ninguna—, generando una competencia desleal y acentuando un desequilibrio global contrario al espíritu de la OMI y a los objetivos de emisiones netas cero. En el plano técnico, las medidas de la OMI establecen dos niveles de objetivos de gases de efecto invernadero y dos niveles de tasas:
- Un objetivo base.
- Un objetivo más estricto, de cumplimiento directo.
Cada buque se evalúa según su intensidad anual de consumo de combustible respecto a ambos objetivos. Los que cumplan el objetivo directo pueden obtener unidades excedentes, mientras que los que lo superen deberán adquirir unidades de compensación. Se trata, en esencia, de un mecanismo económico escalonado, con un precio del carbono más bajo para los menos contaminantes y más alto para los que contaminen más.
Sin embargo, la votación de octubre arrojó un resultado preocupante: 57 votos a favor del aplazamiento de la sesión, 49 en contra y 21 abstenciones. Entre los países que apoyaron el retraso destacan Estados Unidos y Arabia Saudí, junto con otros con intereses petroeconómicos o que fueron persuadidos por razones políticas. Sorprendió también la abstención de Chipre y Grecia, ambos miembros de la Unión Europea, lo que revela la falta de cohesión interna del bloque y la influencia que ejerce la política estadounidense —en particular la del presidente Trump— sobre algunos de sus aliados y sus intereses económicos.
Durante la sesión, los delegados de Estados Unidos, con el apoyo de varias delegaciones, propusieron aplicar el procedimiento de aceptación explícita para la entrada en vigor de las enmiendas, contemplado en el convenio Marpol, lo que habría representado la muerte definitiva del paquete de medidas. La propuesta tomó por sorpresa tanto al presidente de la reunión como a la secretaría, que no supo anticipar ni gestionar adecuadamente la maniobra, mostrando una preocupante falta de liderazgo y preparación institucional.
La secretaría de la OMI, dirigida por el señor Arsenio Domínguez, no puede eludir su responsabilidad en este resultado. Su papel es fundamental para la moderación exitosa de una sesión de esta magnitud, garantizar el cumplimiento de los procedimientos y orientar el desarrollo de las reuniones, algo que, en esta ocasión, no se cumplió con la diligencia esperada. La aplicación desordenada del reglamento del comité y el enfoque excesivamente burocrático y meramente administrativo por parte de la secretaría han contribuido a debilitar la autoridad y credibilidad de la OMI, justo en un momento decisivo para el futuro climático del planeta.
Al cierre de la reunión, tras confirmarse el aplazamiento, el secretario general declaró que “no hay ganadores ni perdedores” y que el año adicional servirá para acercar posturas. Sin embargo, la experiencia demuestra que los aplazamientos suelen traducirse en estancamientos o incluso en el abandono definitivo de las medidas. Decir que “no hay ganadores ni perdedores” es ignorar la gravedad de la situación: el gran perdedor es el planeta Tierra, que no puede permitirse más demoras en la reducción de gases de efecto invernadero.
En realidad, los únicos beneficiados son Estados Unidos, los países productores de petróleo y sus aliados, que podrán seguir impulsando el consumo de combustibles fósiles y obstaculizando las normas globales. El resultado será un sistema fragmentado, con normativas regionales desiguales, una competencia distorsionada y un retroceso en la lucha climática.
Los perdedores son claros: el planeta, la innovación en combustibles limpios y el transporte marítimo sostenible.
Por ello, cabe preguntarse: ¿Está realmente la OMI comprometida con la descarbonización y la reducción de gases de efecto invernadero o se ha convertido en un instrumento político más al servicio del presidente Trump y los intereses petroeconómicos? El tiempo lo dirá.
Germán de Melo Rodríguez, presidente del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (Comme)
