En el 110º periodo de sesiones del comité jurídico de la Organización Marítima Internacional (OMI), celebrado en Londres durante esta semana, se ha debatido acerca de las consecuencias y preocupaciones en relación con el régimen mundial de responsabilidad e indemnización resultantes del aumento de los trasvases buque a buque en alta mar sobre la base de una propuesta presentada por Australia, Canadá y los Estados. En este contexto, la representación española permanente, formada por Víctor Jiménez, a su vez presidente del Consejo de la OMI, y Andrés Galván, ha anunciado que presentará un proyecto de resolución en la próxima sesión de la asamblea del organismo, prevista para diciembre, para abordar la problemática de los trasvases de buques petroleros Ship to Ship (STS) en alta mar. En el caso de España, que ha liderado la iniciativa, esta afecta a las operaciones de los barcos rusos efectuadas a pocas millas de la costa de Ceuta, tal como reveló NAUCHERglobal esta misma semana.
La propuesta de España ha contado con un amplio apoyo, tras un extenso debate en el que intervinieron cerca de 25 delegaciones. Desde el comité jurídico se ha animado a los países miembros a trabajar conjuntamente con España para que esta cuestión se ponga en conocimiento de otros órganos de la OMI, como el Comité de Protección del Medio Marino (MPEC en sus siglas en ingles) y la propia asamblea 33.
España intensificará sus contactos internacionales en los próximos meses para trabajar en estrecha colaboración con otros estados miembros de la OMI, como Australia, Canadá o EEUU. La idea, según han indicado fuentes de la representación española, no es solo presentar una resolución de asamblea, sino un documento al MECO 80. Las mismas fuentes señalan que las operaciones STS ya están reguladas en las reglas 40-42 del anexo I del convenio internacional Marpol para prevenir la contaminación por los buques.
Zonas habilitadas para el trasvase
En su intervención ante el comité jurídico de la OMI, la representación española ha alertado que las operaciones de trasvase de buque a buque en alta mar representan un alto riesgo potencial de causar un accidente que genere contaminación o amenaza de contaminación y que se produzcan graves daños perjudiciales para las costas o intereses de los estados ribereños conexos.
Además, ha destacado que es evidente que detrás de estas prácticas existen intereses comerciales en el marco de ‘operaciones oscuras’ para eludir las sanciones internacionales y los elevados costes de los seguros, por lo que la tipología de buque empleada suele carecer de las garantías suficientes en materia de seguridad y prevención de la contaminación, lo que aumenta considerablemente el riesgo de estas operaciones. España se ha sumado a las preocupaciones manifestadas por los coautores del documento LEG 110/5 (Australia, Canadá y EEUU), a los que ha agradecido que pongan de manifiesto esta cuestión en el marco del comité jurídico.
España ha resaltado la importancia de que los estados de abanderamientos garanticen que los petroleros que enarbolan su pabellón solo lleven a cabo operaciones de trasvase de buque a buque en zonas habilitadas para tal fin por los países ribereños. En esta misma línea, la representación española ha añadido que desde el punto de vista de los estados rectores de puertos, “nuestra experiencia nos demuestra que existe una dificultad evidente a la hora de identificar a buques implicados en estas operaciones, ya que en muchos casos, la práctica de operaciones oscuras lleva aparejada la notificación de datos engañosos respecto a los puertos de escala anteriores, con una clara intención de camuflar la operativa de trasvase en la que el buque ha estado implicado, como así se ha puesto de manifiesto en diversos controles efectuados por la administración marítima española”.
España hace un llamamiento a las entidades certificadoras del origen de la carga, ya que es habitual en las operaciones de trasvase se efectúen mezclas de productos de distintos orígenes, por lo que conocer la trazabilidad del origen de la carga se hace a veces casi imposible. En la intervención, se ha señalado la conveniencia de que los estados ribereños colaboren para mejorar el control de estas prácticas y operaciones mediante el establecimiento de acuerdos para la determinación de zonas habilitadas para las operaciones de trasvase de buque a buque, cuando por su proximidad puedan verse afectados por sucesos de contaminación.
