El Tribunal de Luxemburgo ya rechazó en primera instancia, el 9 de diciembre del 2014, el recurso interpuesto por la asociación de astilleros holandeses contra la decisión de la Comisión Europea, por la que dicha asociación fue condenada en costas. Pese a ello, con la intención de seguir generando incertidumbre y perjudicar la actividad comercial naval de España, los astilleros holandeses lograron mantener abierto el litigio mediante un nuevo recurso ante el Tribunal de la UE. El Tribunal europeo confirma hoy que la sentencia dictada en primera instancia realizó una valoración correcta y suficientemente motivada al desestimar el recurso holandés, que pretendía la anulación de la decisión de la Comisión por motivos meramente procedimentales y formales. La sentencia vuelve a condenar en costas a los recurrentes holandeses.
La consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal: “Recibimos una vez más el apoyo de la justicia comunitaria. Esta sentencia es inapelable y otorga, si cabe, mayor seguridad jurídica al nuevo sistema español de financiación de activos aplicable a buques. Vuelve a poner en evidencia la injusta e ilegítima estrategia de acoso y derribo de los astilleros holandeses contra el naval español”.
Desde que el nuevo ‘tax lease’ se puso en marcha en España, en el año 2013, se han acogido a este régimen un total de 27 operaciones, por un importe conjunto superior a los 925 millones de euros para contratos de construcción de buques generadores de más de 6 millones de horas de trabajo.
Esta nueva victoria judicial se une a la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo que, el pasado diciembre de 2015, dio la razón al Reino de España y a Pymar al confirmar que el anterior sistema español de arrendamiento fiscal (antiguo ‘tax lease’) no constituía ayuda de Estado, lo que supuso la anulación de la orden de recuperación que se había impuesto a las supuestas ayudas concedidas a través de aquel sistema.
Según ha valorado la consejera delegada de Pymar, “estos resultados ante la justicia europea reflejan la acertada estrategia de unidad y cohesión entre todos los agentes del sector naval español, y en particular, a la efectividad del papel de la Administración española como coadyuvante durante todo el proceso”.
