Para algunos, parece ser que el dictamen de la Comisión Europea -recordar que está aprobado por un Colegio de Comisarios formado por 28 miembros de países diferentes de manera unánime- para la devolución de las ayudas de la tax lease y su implicación en el sector naval sea sólo culpa de Almunia.
Parece ser que los cerca de 90.000 trabajadores de los astilleros españoles, las empresas armadoras, de construcción, empresas auxiliares, etcétera y los Gobiernos autonómicos y central hayan visto en la crítica fácil a Almunia su única vía de salvación.
Pero no se equivoquen. El comisario español no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber y estoy convencido que a nadie más que a él le duele el haber tenido que tirar adelante este dictamen, que obliga a los inversores de la industria naval a devolver ayudas por valor de 2.000 millones de euros.
La culpa, antes que a Almunia -que también habrá hecho cosas mal, dicho sea de paso- se le debe otorgar al Gobierno español, tanto al actual como al anterior. Es decir, con independencia del color político. Es inadmisible que si Bruselas obligó a Francia en el año 2005 a que sus astilleros devolvieran las ayudas públicas del ejecutivo del entonces presidente Nicolas Sarkozy, en España los ministros de Hacienda de Zapatero y Rajoy hayan continuado otorgando esas ayudas.
Ahora se han encontrado con el grave problema de la ilegalidad y no, no es culpa de Almunia. Su predecesora en el cargo, la holandesa Neelie Kroes, ya lanzó un aviso a España en el año 2007 y éste fue desatendido por las autoridades españolas.
Las empresas que recibían pedidos para a construcción de buques, las empresas que conformaron aquellas extintas agrupaciones de interés económico (con significativos incentivos fiscales) y los navieros españoles no se quejaban cuando desde las arcas del Estado salían centenares de millones de euros para construir buques de manera presuntamente ilícita.
Es ahora, cuando se han dado cuenta que no lo hicieron bien, que elevan sus quejas a las más altas instituciones y culpan a un tercero -Almunia- de sus problemas en la gestión empresarial.
Supongo que a nadie le gustaría que en España desaparecieran astilleros, navieras y, con ellos miles de puestos de trabajo. No es el mejor momento. Pero pertenecemos a la Unión Europea. Para lo bueno (para las ayudas al desarrollo regional, al sector financiero, a la agricultura…) y para lo malo. Y es de suponer que los astilleros de otros países comunitarios (Holanda, Bélgica, Reino Unido, etcétera) tampoco quieran perder puestos de trabajo porque en España los precios de construcción de buques sean más baratos gracias a unas ayudas que no se deberían de haber otorgado. Por eso denunciaron a España ante la Unión Europea y por eso, mal que le pese, ha tenido que actuar el comisario de Competencia, por muy español que sea.
Cuando nombraron a Joaquín Almunia comisario de Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea yo, como compatriota, me sentí orgulloso. Además del presidente de la CE, hay 27 comisarios diferentes, cada uno perteneciente a uno de los 27 Estados de la Unión Europea. De ellos, sólo hay ocho vicepresidencias y Joaquín Almunia es uno de ellos. Además, la cartera que comanda es una de las principales en la Unión Europea.
Como representante de un organismo supraestatal está en la obligación de velar por el interés del conjunto de la ciudadanía europea, no sólo de sus compatriotas. Guste o no. De aquí mi defensa acérrima de su labor al frente de la cartera de competencia.
Si en España se hubieran hecho bien las cosas y no se hubiera recurrido a la tax lease que habían prohibido antes en un país vecino, no nos encontraríamos ahora ante este gran problema. A lo mejor la industria de la construcción naval se habría especializado más en algún sector, sin depender del dinero de todos.
