Al, día siguiente llegaba a bordo la orden de retención del barco dictada por un juzgado de Accra a instancias de la empresa NML Capital, un sociedad financiera con sede en las Islas Caimán, tenedora de obligaciones del Estado argentino que el Gobierno presidido por Cristina Fernández pretende olvidar.
A bordo del Libertad, en su 43 periplo de formación de los futuros oficiales de la Armada argentina, navegan 192 marinos, 69 guardiamarinas argentinos, 15 guardiamarinas chilenos, 8 uruguayos, 13 guardiamarinas invitados, de diversos países, y 26 oficiales del buque. Todos ellos permanecen en estado de semiconfinamiento, con las visitas a tierra restringidas y controladas, desde hace 20 días.
El Jugado ghanés exige el pago de una caución de 28 millones de dólares para permitir la salida del buque, cantidad que el gobierno argentino se niega a depositar, invocando el Derecho internacional que considera a los buques de Estado, particularmente a los militares, como bienes inembargables, fuera del comercio civil.
Las fuertes tensiones de los últimos días entre la tripulación han obligado al Gobierno de Buenos Aires ha permitir la salida de las personas retenidas a bordo, medida que el Juzgado ghanés había permitido desde el primer día, pero que sólo ahora ha adoptado el Gobierno argentino. A bordo quedará una tripulación mínima compuesta por el capitán del buque y la mayoría de los oficiales, más unos cuantos suboficiales y marineros.
El embargo del buque escuela LIBERTAD por una disputa económica entre un Estado soberano y una sociedad de capital riesgo dedicada a la especulación financiera, coloca en primer plano el debate de los límites del retroceso del Derecho público ante el empuje del sector financiero. Desde luego, la peripecia de Ghana hubiera sido impensable hace tan sólo quince años. Ahora es un hecho.
