Como era de esperar, el Tribunal, muy digno, clama contra las dudas planteadas por el abogado del capitán Mangouras sobre la capacidad del Estado español para garantizar en este caso un juicio justo. Clama, muy digno, pero pasa de largo por los contundentes alegatos y exposición de hechos que fundamentan las dudas razonables y lógicas del abogado Ruiz Soroa.
Los documentos obtenidos de forma ilegal por la DGMM a bordo del PRESTIGE el día 17 de noviembre de 2002, dos días antes de hundirse, fueron para el Tribunal una simple entrada en un bien casi abandonado, afirmación ésta que, es de suponer, le consta al Tribunal que no se corresponde con la realidad. El Prestige estaba en aquellos momentos a cargo de la empresa de salvamento contratada por el armador del petrolero, con pleno conocimiento de la Administración española. Es absurdo insinuar siquiera que el buque estaba casi abandonado. Por si ello fuera poco, la razzia se llevó a cabo sin autorización judicial, por tres funcionarios de marina mercante ante la negativa de la Armada de cometer semejante ilegalidad. Admite el Tribunal tal extremo, reprocha al Gobierno esa omisión, y nada más.
Lo mismo hace el Tribunal con la autopsia del PRESTIGE realizada por el Gobierno sin informar al Juzgado y ocultando el resultado. Aún admitiendo el Tribunal (¿qué otra cosa podía hacer?) que la Administración pudo ocultar hallazgos relevantes para el juicio, niega la petición del defensor de Mangouras de anular cuanto tanga que ver con ese reconocimiento alegal. Es más, el Tribunal realiza una pirueta digna de mejor causa y afirma que el valor procesal de esos documentos, obtenidos de forma ilegal, “queda muy reducido”, afirmación que recuerda aquello de la señora “un poco embarazada”.
Y así todo. Al final, eso sí, el Tribunal admite la anulación del peritaje realizado por el ingeniero naval que participó en la reunión convocada por López Sors y el entonces Delegado del Gobierno en Galicia, Fernández Mesa, durante la mañana del día 19 de noviembre de 2012, con el objetivo de que determinados expertos se tragaran a posteriori, se supone que a cambio de alguna compensación, la decisión de alejar el PRESTIGE y “rezar para que se hunda”, en palabras de López Sors.
El Tribunal considera en el auto un sinsentido la pregunta de si España puede garantizar un juicio justo al capitán del PRESTIGE, pero a la vista de los razonamientos utilizados para negar el aserto, pocas dudas caben de que en efecto no es de esperar un juicio equitativo y con todas las garantías. No lo ha sido hasta ahora y nada invita a pensar que eso va cambiar.
