Los representantes de la Alianza se han reunido esta misma semana con la Unión Europea y China, y también han sido considerados por la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos.
Cabe recordar que la alianza, que afecta a un total de 29 servicios marítimos operados con 255 buques, con una capacidad de carga de 2,6 millones de TEUs; debería haber entrado en funcionamiento a principios de este mes. No obstante su puesta en funcionamiento se vio aplazada, a raíz de una solicitud hecha por la Comisión Marítima norteamericana.
Según, Paddy Crumlin, presidente de la sección de los trabajos portuarios de la ITF, «si se aprueban [los nuevos servicios] sin un examen previo y cuidadoso de todas sus posibles consecuencias podría representar un riesgo enorme, en términos de prácticas contrarias a la competencia, a escala internacional. La principal preocupación de la ITF es, obviamente, el efecto que tal acuerdo podría tener en los trabajadores, y muchos de nuestros sindicatos afiliados ven la concentración de poder por parte de las empresas de la Alianza P3 como una amenaza importante para su industria, en caso no disponer de salvaguardas para proteger las normativas laborales y de empleo».
Para Crumlin, «nuestra experiencia es que las economías de escala similares a los que propone la P3 se consiguen no pasan a través de la cadena de suministro sino que derivan directamente en operadores, clientes o empleados, y se limitan a los estados financieros de las empresa o los dividendos a los accionistas. Esto no ofrece ningún beneficio real para la economía».
