Un mes después de publicarse el ‘Plan de acción: Protección y restauración de los ecosistemas marinos para una pesca sostenible y resiliente’ de la Comisión Europea, los Estados miembros y los líderes de la industria pesquera de la UE se han reunido en Bruselas para analizar conjuntamente la naturaleza, el impacto y las consecuencias de esta iniciativa. Todas las partes han coincidido en la necesidad de proteger los ecosistemas marinos vulnerables, así como la pesca sostenible, pero desde un enfoque diferente al de la Comisión para lograr estos objetivos. Igualmente han mostrado su preocupación por la propuesta de la CE de prohibir gradualmente la pesca de fondo en el 30 % de nuestros mares para 2030, especialmente dada la falta de una evaluación del impacto socioeconómico y el necesario respaldo científico. Los Estados miembros también han hecho hincapié en la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria en un momento en el que la autonomía estratégica de Europa ocupa un lugar destacado en la agenda de la Unión.
El sector pesquero, representado por Europêche, EBFA y EAPO, quiere agradecer a los gobiernos de la UE por su continuo apoyo y diálogo en busca de la mejor manera de implementar las regulaciones de la UE y la Política Pesquera Común (PPC), identificando formas de proteger eficazmente los ecosistemas marinos vulnerables y alimentar a una creciente población a la par que reduciendo nuestra dependencia de las importaciones extranjeras de productos del mar.
Para el sector pesquero, el plan de acción de la CE impone una carga pesada y desproporcionada a la flota de la UE, que todavía lucha con las consecuencias del Brexit, la pandemia del Covid, la inflación y la crisis energética. Asimismo, el plan ejerce una presión adicional sobre los Estados miembros que tendrán que abordar objetivos no justificados por la ciencia y que afectarán negativamente a comunidades enteras que dependen de la pesca en un calendario poco realista.
El sector recuerda que la veda a la pesca de fondo es una medida completamente nueva, que no se basa en ninguna norma internacional o europea, ni seguirá el trámite legislativo ordinario. Este enfoque limita el debate político, la opinión de las administraciones nacionales y el Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones. Para el sector, está claro que introduce cambios en la PPC, por lo que la Comisión debería seguir el proceso legislativo establecido a través del Consejo y el Parlamento Europeo.
Según Iván López van der Veen, presidente de la Alianza Europea de la Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés) y miembro de la junta directiva de la Confederación Española de Pesca (cepesca), “los gobiernos nacionales tienen una misión y una responsabilidad específicas frente a sus ciudadanos para implementar las normas de la UE, asegurar puestos de trabajo y abastecer el mercado con productos del mar sostenibles. Por tanto, es difícil entender que la Comisión Europea haya optado por adoptar un plan de acción, sin consultar a los Estados miembros, a pesar de ponerlos en el centro del debate con el paquete pesquero. La naturaleza jurídica del instrumento seleccionado también plantea cuestiones jurídicas. Al no ser una ley de la UE, los ciudadanos y empresas, e incluso los Estados miembros, afectados no tienen derecho a impugnar ante los tribunales el impacto desproporcionado del plan de acción, que los deja indefensos. En definitiva, no hay consulta, ni debate, ni defensa legal posible por el camino elegido por la Comisión para llevar adelante sus propuestas”.
Por lo tanto, la EBFA y Europêche, organizaciones de las que forma parte Cepesca, al igual que la Asociación Europea de Organizaciones de Productores de Pescado (EAPO, por sus siglas en inglés) consideran la prohibición del arte de arrastre como una medida claramente desproporcionada e injustificada, que no se apoya en los fundamentos científicos disponibles y es contraria a los compromisos internacionales. Durante la reunión, el sector ha reiterado su llamamiento al Consejo y al Parlamento Europeo para detener el plan de acción propuesto por la Comisión.
Cabe recordar que el veto a la pesca de fondo en el 30 % de nuestros mares afecta a 7.000 buques que aportan el 25 % de los desembarques totales y generan el 38 % de los ingresos de la flota de la Unión Europea.
