Los anuncios de Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), que opera entre Sevilla y Canarias, junto al de Petrogás, de abandonar el estado de abanderamiento español, ha reavivado la demanda del sector naviero de revisar urgentemente el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias (Rebeca). Estas dos compañías han optado por la bandera portuguesa, concretamente inscribiéndose en el Registro de Madeira.
La burocracia, la falta de agilidad y la complejidad administrativa son algunos de los factores que están provocando el éxodo de los armadores del Rebeca, creado en 1992, y que acumula bajas desde hace dos décadas. Pese a los intentos por intentar reformarlo, prosiguen las voces que reclaman un replanteamiento integral para mejorar la competitividad del pabellón español. Desde Anave, la asociación que agrupa a las principales navieras del Estado, se recuerda que en los últimos diez años el Rebeca ha perdido más de la mitad de los buques inscritos y aunque desde distintos partidos y organizaciones se ha tratado de pelear mejoras para hacer atractivo este registro frente al de otros países, no se ha conseguido.
Mientras que en el año 2004 había cerca de 200 buques inscritos actualmente quedan 91. El Rebeca, que llegó a superar los 300 inscritos, se encuentra hoy en mínimos históricos y la sangría no se detiene. Otro dato relevante es que desde 2007 no quedan buques mercantes de pabellón nacional en el registro ordinario (están todos en el REC).
Proposición en el Congreso de los Diputados
Entre enero y agosto de 2023, 10 buques cambiaron el Rebeca por otros registros del Espacio Económico Europeo. Malta y Chipre son dos de los países a los que se están yendo gran parte de los buques del registro canario. En abril del pasado, se presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) dirigida a impulsar la competitividad del registro. La PNL se aprobó pero más de un año después no ha servido para nada.
“Tras más de 30 años, el régimen laboral y administrativo del Rebeca precisa de una revisión. Desde su creación se ha visto afectado por la incorporación al ordenamiento jurídico de diversa normativa que no ha tenido en cuenta las singularidades de España, lo que imposibilita la operativa y práctica de los buques abanderados en Canarias», se recoge en la PNL presentada en abril.
Entre las modificaciones que plantea la PNL, se encuentran la actualización del régimen de nacionalidad española o de la UE que se exige al capitán, el primer oficial y el 50%, calculado sobre la dotación mínima de seguridad y no de toda la dotación del buque”. Además, se prevé “la posibilidad de inscripción de buques y embarcaciones de más de 15 metros de eslora que desarrollen una actividad con fines comerciales o lucrativos, incluida la náutica de recreo, sin que les sea exigible el requisito de arqueo bruto”. Esta posibilidad no conlleva ninguna modificación de la aplicación los regímenes fiscales y de cotizaciones a la Seguridad Social regulados en la normativa actual.
