El sector reconoce que existen aproximadamente 15.000 embarcaciones en España que están en situación de abandono, tanto en instalaciones náuticas como en terrestres.
No obstante a este problema, los equipos técnicos y la gerencia de los puertos se encuentran sin medios y sin respaldo administrativo y legislativo para hacer frente a esta situación que, además de ofrecer una mala imagen de cara a los usuarios y al turista náutico, puede suponer un peligro para la seguridad de las instalaciones marítimas.
La realidad actual es que no existe un marco legislativo que regule de forma eficiente -y agilice- la retirada y reciclaje de las embarcaciones de recreo en desuso u obsoletas, pues los procedimientos vigentes son tediosos y no ofrecen soluciones eficaces. Por otra parte, está la situación del propietario de la embarcación que sin recursos para deshacerse de su viejo barco, opta por el abandono.
En este sentido, la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) y la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (Feapdt) han sumado sus esfuerzos para solicitar a la Administración una actuación urgente que solvente esta situación.
Por una parte, ambas entidades reclamarán al ministerio de Industria planes paralelos a los que se han adoptado para el sector del automóvil, como el plan PIVE, cuyos resultados en ventas y dinamización del mercado ya se han dejado sentir con datos positivos en los últimos meses.
Por otra, en lo que se refiere a la regulación de las embarcaciones abandonadas, se ha propuesto tanto al ministerio de Justicia como a la dirección general de la Marina Mercante un procedimiento extrajudicial que permita, con la sola intervención notarial, proceder a la subasta pública de las embarcaciones abandonadas o morosas sin tener que acudir a nuestros tribunales de justicia. Esta propuesta cuenta también con el respaldo del Consejo Notarial a escala estatal.
De esta forma, los depositarios de embarcaciones abandonadas podrían recuperar directamente los gastos y deudas originados a través de la venta en pública subasta de la embarcación, o bien proceder a su desguace y a su baja registral, pudiendo repercutir estos costes al armador y agilizando el proceso.
Otra de las cuestiones en las que trabajarán ambas organizaciones consistirá en la elaboración de un control de la flota de embarcaciones de recreo actualmente en activo en las costas, e inscritas en el registro marítimo español. Para ello, se contará con la estrecha colaboración de a DGMM.
