
Desde la Asociación Nacional de Remolcadores de España (Anare), queremos felicitar a Estudios Marítimos Naucher S.L, a Juan Zamora, a todo su equipo y colaboradores por su décimo aniversario. No tenemos duda, como ha sucedido en el sector marítimo portuario, que han sido años que no han sido fáciles, con los devaneos en la política, en la economía y con la pandemia, así como con los cambios en relación a la digitalización, la sostenibilidad y la descarbonización, pero lo que es lo más importante para nuestro sector como es la seguridad marítima.
El remolque portuario viene regulado principalmente y actualmente por las disposiciones correspondientes en el Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Trlpemm), así como en el Reglamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2017, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos.
En estos momentos, se está tramitando, por parte del Gobierno de España, la modificación del Trlpemm y de la Ley de Navegación Marítima como consecuencia de las modificaciones que se están llevando a cabo por la normativa internacional y comunitaria, así como de la propia evolución de todo lo relacionado con el sector marítimo portuario.
Por otra parte, el pasado día 26 de octubre, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), publicó en el BOE el Marco Estratégico del sistema portuario de interés general, y en donde se consolida la externalización de los servicios portuarios y comerciales, como elementos de especialización, eficiencia, sostenibilidad, inversión, fiabilidad, capacidad de respuesta, competencia y que redunda en la más amplia cooperación y colaboración de la iniciativa privada con las Autoridades Portuarias, y todo ello, con el principio básico de la seguridad marítima.
Es por ello, que dentro del Marco ya se recogen las mejoras que se pretenden lograr para el interés general. Al igual que sucede con el sector del transporte marítimo y de las navieras, es necesario elaborar un conjunto de reformas estructurales que potencien el sector para que este sea más fuerte y competitivo y me estoy refiriendo a las grandes inversiones que se van a necesitar para paliar las normas sobre emisiones de gases de efecto invernadero y el denominado paquete legislativo ‘Fit for 55’, que sin duda alguna tendrán un impacto económico muy importante en el sector del remolque y que pretende favorecer el uso de combustibles marinos con el menor componente de carbón.
De momento, los motores marinos utilizados, (salvo alguna pequeña excepción) no están habilitados para utilizar otros combustibles alternativos para ir hacia la descarbonización. Se han publicado diversas ayudas por parte de la Administración Española para impulsar la descarbonización, pero que de momento no llega a nuestro sector.
Otros países de nuestro entorno están realizando planes e inversiones dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia sobre ayudas estatales para el clima, protección del medio ambiente y energía. Estas ayudas irían para contribuir a la compra de buques, incluidos remolcadores de puerto y de vías navegables interiores y que tendrán unos beneficios ambientales en comparación con unidades actualmente operativas y que deberán enarbolar el pabellón español y cumplir los convenios internacionales sobre seguridad marítima y sobre la prevención de la contaminación marina.
Esas solicitudes de subvención irían destinadas a la compra de buques nuevos, finalización de buques en construcción o modernización de buques existentes que permitan que la nave entre en la definición de ‘vehículo limpio’ a que se refieren las nuevas directrices sobre ayudas estatales para el clima, la protección del medio ambiente y la energía (Ceeag).
Dicho barco debería tener cero emisiones directas (escape) de CO2 o tener un motor de propulsión híbrido (por ejemplo, motor eléctrico y motor de combustión interna) o combustible dual (dual fuel) que extrae al menos el 25% de su potencia de combustibles con cero emisiones directas (en el escape) de CO2 (por ejemplo hidrógeno o amoníaco) y/o de energía enchufable para su funcionamiento normal en el mar y en los puertos. También alcanzar un valor del índice de Diseño de Eficiencia Energética (EEDI) de la OMI, que es un 10% inferior a los requisitos EEDI.
En resumen, que se eleve el nivel de protección ambiental o permitir una mayor eficiencia energética mediante estas ayudas para la compra de un nuevo buque, modernización o renovación.
Podríamos incluso entender que se aplicara un compromiso de mantener el buque de la compañía en un establecimiento permanente en España. En resumen, es necesario y urgente disponer de una normativa para la consecución de las ayudas necesarias por parte de la Administración que sea ágil, sin munchos trámites burocráticos, simplificación y aceleración de los procedimientos para que las empresas de remolcadores sean beneficiarias de subvenciones, contribuciones o cualquier condición económica que pueda conceder el Estado para estas ayudas destinadas a tener ‘barcos limpios’.
No tenemos duda que el Mitma, su ministra y su equipo directivo tienen la sensibilidad necesaria para que desarrolle el procedimiento correspondiente para ayuda al sector para tan importante asunto como es la protección para el clima, la protección del medio ambiente y la energía.

Asociación Nacional de Remolcadores de España (Anare)
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