Así lo anunció el viernes en rueda de prensa, el máximo responsable portuario, tras presidir una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la institución que giró en torno a un punto único del día: la situación actual de la rada viguesa tras el anuncio de la naviera de comenzar a operar en el Puerto de Marín a partir del próximo mes de mayo.
Según explicó López-Veiga, se trata de una decisión “inexplicablemente rápida” y “sujeta a unas cláusulas de confidencialidad” entre la propia naviera y las terminales de Vigo, Marín y Vilagarcía para la licitación del contrato de carga y descarga de los contenedores que, actualmente, operan en el puerto de Vigo, y que fue realizada a través de una subasta electrónica celebrada en la India de la que la propia Autoridad Portuaria de Vigo no tenía conocimiento alguno.
Fue el pasado mes de marzo, cuando la empresa titular de la Terminal de Contenedores del Puerto de Vigo (Termavi) comunicó, de manera informal, a la Autoridad Portuaria, que dicha subasta había sido desfavorable a Vigo, al realizar la terminal que opera en el puerto de Marín una oferta económica más ventajosa.
Desde ese momento, la institución que preside Enrique López-Veiga ha tratado de actuar “con prudencia” ante una situación que, según aseguró el propio presidente portuario, “es mala para todos”. Por ello, el próximo 27 de abril tratará de analizar las causas que han conllevado a la pérdida de este tráfico, al tiempo que trasladará a la naviera los inconvenientes de esta situación, que ha generado “un impacto muy negativo entre los usuarios” del puerto vigués.
Tanto es así que el presidente portuario ha solicitado a Puertos del Estado la adopción de medidas cautelares para remediar lo que considera “una alteración de la competencia efectiva en la prestación de servicios portuarios, que se produce entre las Autoridades Portuarias de Marín y Vigo”.
Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125.a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, la Autoridad Portuaria viguesa solicita a Puertos del Estado que actúe arbitrando medidas en el conflicto que se plantea y que, en cualquier caso, proceda a prohibir un aumento de las actividades en el puerto de Marín en unas instalaciones declaradas ilegales por el Tribunal Supremo en sentencia con fecha 30/10/2009, al menos hasta el momento en que se dé una solución final a este contencioso.
Asimismo, solicita que proceda a hacer un estudio exhaustivo de las condiciones laborales y de contratación de los trabajadores empleados por ambas terminales, con el fin de esclarecer las posibles desventajas competitivas existentes entre ambos puertos o, si es el caso, ponga este hecho en conocimiento de la Comisión Nacional de la Competencia si estima que esta cuestión pueda exceder a sus competencias.
A la espera de una respuesta por parte del organismo público dependiente del Ministerio de Fomento y de la reunión que se celebrará a finales de mes en Algeciras con directivos de Maersk, López-Veiga confiesa que no tirará la toalla y tratará de revertir una situación que, entiende, “es mala para todos”. Por ello, tratará de “convencer” a la naviera para que reconsidere la situación, ya que “hay factores que pudieran no haber tenido en cuenta en su decisión”.
